Disidentes cubanos testificaron ante la Subcomisión de Relaciones Exteriores sobre el Hemisferio Occidental del Senado, donde coincidieron que la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba tiene aspectos positivos, pero debería contar con los aportes de la sociedad civil cubana.
Manuel Cuesta Morúa, un historiador que aseguró que el régimen cubano no le dejó ser abogado, dijo no creer que el cambio de política de Estados Unidos “nos vaya a traer libertad”.
“La libertad en Cuba es cuestión exclusiva de los cubanos, pero créanme, nos dará nuevas opciones para obtenerla por nosotros mismos”, remarcó.
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, dijo que el tema de los presos políticos es “uno de los más sensibles”, que “va más allá de la ocasional liberación de algunos de ellos”.
La activista agregó que la Cuba donde vive no existe la separación de poderes, ni libertad de expresión, un lugar en que “el partido comunista es la fuerza rectora del país”.
“Mientras estas condiciones prevalezcan, no es posible de hablar de una voluntad de cambiar del régimen de Castro… para nosotros significa la continuación de golpizas, prisión, discriminación para nuestros niños y todo tipo de intimidación todo por querer una Cuba pluralista, democrática e inclusiva”, señaló.
Cuesta Morúa dijo que la negociación sobre el relanzamiento de las relaciones entre los dos países “permite pasar de las posturas a la acción y coloca el debate en su escenario principal: Cuba”.
Agregó que el acercamiento también “destruye la narrativa del Estado cubano basado en la confrontación natural entre EE.UU. y Cuba, y abre un camino de la legitimización de los actores en la sociedad civil”.
La disidente Miriam Leiva dijo que la inacción de Estados Unidos por motivos políticos sería negativa a largo plazo.
"Brasil, Rusia y China ya están posicionados en Cuba, pero los estadounidenses y cubanoestadounidenses están privados por su gobierno de participar en las relaciones económicas y comerciales con Cuba (...) que ofrece independencia de la economía estatal", señaló.
Por su parte, Rosa María Payá, hija del fallecido disidente Oswaldo Payá, pidió incorporar la investigación independiente y objetiva de la muerte de su padre como parte de las negociaciones, y dijo tener pruebas que esta se trató de un asesinato.
