Un grupo de legisladores de Estados Unidos encabezado por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez, ha pedido este martes al Departamento de Estado “revisar y actualizar” el enfoque de las políticas de la Administración del presidente Joe Biden con respecto a Guatemala para que “funcionarios corruptos” de ese país rindan cuentas.
En una carta enviada este martes al secretario de Estado, Antony Blinken, ocho legisladores de la Cámara Alta piden a la Administración Biden negar visas y “congelar activos económicos y tenencias en Estados Unidos” a los funcionarios del país centroamericano responsables de socavar la democracia y violentar el Estado de derecho en ese país.
“Los esfuerzos del presidente Alejandro Giammattei y de su gobierno por acosar y perseguir a funcionarios públicos, miembros de la prensa y organizaciones de la sociedad civil representan un patrón alarmante de persecución de individuos que intentan erradicar la corrupción rampante de Guatemala (...) la respuesta general de la Administración Biden a estos ataques contra la democracia y el Estado de derecho en su conjunto ha sido insuficiente”, dice la misiva.
Entro los legisladores firmantes también figuran miembros del Subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental, que ven como “profundamente preocupante” el continuo deterioro de la democracia guatemalteca.
Que cerca de 30 jueces y operadores de justicia del país centroamericano hayan tenido que huir y exiliarse en Estados Unidos ante el acoso y la persecución son probatorios –según la carta- de las violaciones a derechos humanos y ataques a las institucionalidad democrática.
Llaman a la Administración Biden a establecer “claramente” que la relación de Estados Unidos con Guatemala debe basarse en un “compromiso mutuo e inquebrantable” de proteger la democracia y las instituciones del país sin excepción.
“Mientras altos funcionarios guatemaltecos estén involucrados en la corrupción y otros esfuerzos para debilitar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas del país, la criminalidad, el narcotráfico y la inestabilidad sólo aumentarán”, consideran los legisladores.
De no corregirse la situación llevaría -según el texto- a que en el futuro Estados Unidos sería incapaz de tener una “relación productiva” con el gobierno de Guatemala en temas tan cruciales como abordar las causas profundas de la migración irregular desde ese país.
En una entrevista con el medio español La Razón, publicada en enero reciente, el presidente Alejandro Giammattei dijo que con la mayoría de agencias de Estados Unidos su administración tiene una relación "muy productiva", excepto con “la administración central, los mayores problemas los tenemos con el Departamento de Estado” porque “es difícil entenderlos”.
Aseguró que incluso pese a los constantes señalamientos, Guatemala sigue siendo aliada de Estados Unidos. “Nosotros compartimos los principios democráticos bajo el ordenamiento de la separación de poderes y la no interferencia entre ellos, exactamente igual que ellos”, refirió el mandatario.
Y en lo referente a las acusaciones de supuesta corrupción y nexos con el crimen organizado de su gobierno dijo que hay bastante que hablar del asunto porque “hay muchos personajes en el mundo que primero se deberían de lavarse la boca antes de hablar de otro país”.
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