La sociedad civil venezolana se ha manifestado públicamente en días recientes con la intención de exigir justicia para la familia del niño que murió el fin de semana tras recibir un disparo de funcionarios de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago mientras intentaban llegar en un bote.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, una organización no gubernamental dedicada a defender y promover los derechos fundamentales en Venezuela, solicitó a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que exhorte a Trinidad y Tobago a que cumpla con las normativas internacionales en materia de derechos humanos.
“Que efectúe una visita in loco [que en latín significa en el terreno] a Trinidad y Tobago para que pueda verificar las condiciones en las que se encuentran muchos venezolanos que hoy en día están injustamente privados de libertad en cárceles de Trinidad y Tobago por su condición de nacionales venezolanos, esto es contrario a las normas internacionales”, dijo Kelvi Zambrano, abogado y miembro de la ONG.
Desde las inmediaciones de la sede de la ONU en la capital venezolana, Zambrano informó que también solicitaron la elaboración de un “informe especial” para que se conozca las condiciones en las que se encuentran los refugiados venezolanos.
Cecodap, una organización dedicada a la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela denunció, por su parte, que el Gobierno de Trinidad y Tobago mantiene un patrón sistemático de “criminalización” contra el migrante venezolano.
Carlos Trapani, coordinador de Cecodap insiste en que, si bien cada Estado es soberano en establecer sus políticas migratorias, no es una “patente de corso” para que en función de su autonomía atropelle a los migrantes y menos aún a niños.
“Es importante visibilizar el problema, entender que en Venezuela hay unas causas estructurales que empujan la migración, la migración en Venezuela es forzada, por lo tanto, para el Estado de transito y el Estado receptor surge la obligación de implementar mecanismos de protección, seguridad y resguardo a los derechos del niño y de sus familias, expuso al abordar el tema en las redes sociales de la ONG.
En varias ocasiones diversos defensores de derechos fundamentales han denunciado diversos casos plagados de “irregularidades”.
Al menos 12 organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que sus investigaciones permiten asegurar que las autoridades trinitarias mantienen políticas y prácticas con “fines raciales” contra las personas de nacionalidad venezolana.
“Emplazamos al Gobierno de Trinidad y Tobago a utiliza la fuerza militar para repeler, para desmantelar la red de tráfico humano, el tráfico de niñas venezolanas para la prostitución hacia la isla y actúe de forma apropiada en la búsqueda de embarcaciones desaparecidas”, expone un documento divulgado el miércoles.
De acuerdo a un comunicado conjunto de cuatro agencias de la ONU, dos de cada tres venezolanos en movimiento son mujeres y niños.
El Primer Ministro trinitario, Keith Rowley, calificó como un “accidente” la muerte del niño que recibió un disparo de la Guardia Costera y el miércoles defendió el trabajo de los funcionarios que había justificado los disparos asegurando que la embarcación en la que se trasladaban los migrantes venezolanos realizó “maniobras agresivas”, lo que les hizo temer por sus vidas.
[Con reporte adicional de Álvaro Algarra, Voz de América en Caracas]
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
