Docenas de empresas tecnológicas, incluyendo a gigantes como Apple, Google, Facebook, Microsoft, Netflix, Twitter, Uber, eBay y muchas otras se han unido a la lucha de los estados de Washington y Minnesota contra la prohibición temporal a la llegada de viajeros y refugiados de siete países predominantemente musulmanes impuesta por el presidente Donald Trump.
Las compañías presentaron escritos legales el domingo por la noche ante el tribunal de apelaciones del 9o. Circuito —el mismo que está a cargo de la apelación del gobierno al fallo del juez que suspendió la prohibición— asegurando que la orden ejecutiva de Trump afecta sus negocios.
Según las empresas —97 en total— la orden del presidente “representa un alejamiento significativo de los principios de justicia y predictibilidad que ha gobernado el sistema inmigratorio de Estados Unidos por más de 50 años”.
“La Orden hace más difícil y costoso para las compañías estadounidenses reclutar, contratar y retener algunos de los mejores empleados del mundo. Interrumpe las operaciones de negocios actuales y amenaza la capacidad de las empresas estadounidenses para atraer grandes talentos, negocios e inversiones a Estados Unidos”, dicen en el escrito.
Aun peor, la prohibición va a obligar a los negocios a crear operaciones afuera de Estados Unidos, argumentan las empresas, entre las que también se incluye a Lyft, Pinterest, Yelp, Square, Reddit, Kickstarter, Github, Mozilla y Dropbox, entre muchas más.
El escrito también subraya que “inmigrantes o sus hijos fundaron más de 200 empresas de la lista Fortune 500, incluyendo Apple, Kraft, Ford, General Electric, AT&T, Google, McDonald’s, Boeing y Disney”.
“Los problemas que hacen la Orden Ejecutiva dañina a las empresas y sus empleados, también la hacen ilegal”, apuntan.
Las orden de Trump se aplica a viajeros y refugiados de Irak, Siria, Irán, Sudan, Libia, Somalia y Yemen, países que la administración asegura son un riesgo para la seguridad nacional.
El presidente Trump ha dicho que trata de proteger a los estadounidenses al tiempo que asegura que él tiene la autoridad para decidir quién puede y quién no puede entrar al país.
