La madre de una periodista detenida la semana pasada en Venezuela denunció este domingo que su hija es “rehén” de funcionarios del gobierno que, según afirma, la buscan a ella por ser dirigente política de la oposición.
Xiomara Barreto, dirigente opositora del estado La Guaira, pidió que dejen en libertad a su hija, Ana Guaita Barreto, periodista de La Patilla, un medio digital crítico e independiente, detenida la semana pasada en las inmediaciones de su vivienda en Maiquetía, en el estado La Guaira.
“Soy víctima de la peor estrategia gubernamental que se pueda ver en la historia del mundo, tengo a una hija, como rehén del gobernador (…) ¿ustedes van a asesinar a mi hija?, ¿ustedes le van a hacer daño a una muchacha inocente porque no me pudieron agarrar a mí que me están acusando de barbaridades terribles por el solo hecho de ser una opositora?”, se preguntó Barreto en un audio divulgado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Barreto, que se ha mantenido a resguardo, reiteró que su hija cubrió las manifestaciones contra los resultados de las elecciones presidenciales que dieron la victoria al presidente Nicolás Maduro, y en algunos casos, derivaron en hechos violentos.
“Yo sé que el daño no es para ella, el daño me lo quieren hacer a mí, a mí es que quieren hacerle tortura psicológica. Le pido en nombre de ese Dios, ciudadano alcalde, que me devuelvan a mi hija”, dijo en el audio.
Carlos Guaita, hermano de la periodista, dijo la semana pasada que no sabían dónde se encontraba y denunció que el caso es “una desaparición forzosa”. Además, aseguró que desconocían si la detuvieron por ser periodista o por ser hija de dos reconocidos dirigentes políticos.
El defensor de derechos fundamentales, Marino Alvarado, sostuvo también la semana pasada que el objetivo de la detención sería presionar a los padres de la periodista para que se entreguen.
El gobierno de Maduro aún no se ha pronunciado sobre estos arrestos ni ha respondido a las denuncias de familiares y organizaciones.
“Se vienen cometiendo prácticas que fueron muy características de la dictadura de Videla, en Argentina, y la dictadura de Chile con Pinochet, en el cual iban a buscar a una persona, no la conseguían y se llevan a un familiar”, dijo en una entrevista concedida al periodista Vladimir Villegas.
Al menos 9 periodistas han sido arrestados tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que la periodista especialista en la fuente de espectáculos, Carmela Longo, fue excarcelada este lunes tras ser imputada por terrorismo e incitación al odio.
Yousner Alvarado, reportero gráfico en el estado Barinas; Paúl León, estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Los Andes y camarógrafo del medio VPI en el estado Trujillo; Deisy Peña, reportera gráfica en el estado Miranda; y José Gregorio Carnero, periodista en el estado Guárico, han sido imputados por delitos de terrorismo y se les ha impedido acceder a un abogado defensor privado.
El SNTP alertó este lunes que la familia de Paúl León denunció su trasladado a un centro de detención “que nadie conoce”.
“Ayer en la tarde, cuando su familia le llevaba la cena, lo que hacían a diario, se encontraron con que Paul no estaba en la estación policial de la Hoyada. Les dijeron que fue trasladado, sin informarles a dónde y les devolvieron algunas cosas que les habían llevado antes”, detalló la organización.
Tras la proclamación del presidente Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, se registraron protestas contra los resultados que dejaron 27 fallecidos y más de 2.000 detenidos.
La oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos, asegura que el ganador de la elección fue el candidato ganador fue Edmundo González Urrutia.
Desde las elecciones del 28 de julio, la organización Espacio Público ha documentado 122 casos que incluyen detenciones arbitrarias, ataques, hostigamientos físicos y verbales, así como bloqueos digitales y criminalización del discurso crítico en redes sociales.
Entre el 14 y el 20 de agosto han registrado al menos siete casos relacionados con violaciones a la libertad de expresión.
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