En medio de las amenazas de sanciones económicas anunciadas por presidente Donald Trump contra Guatemala por no concretar la firma del acuerdo de “tercer país seguro”, surge una controversia entre las autoridades del gobierno y la Corte de Constitucionalidad (CC).
A través de un mensaje publicado en el canal de gobierno, el presidente Jimmy Morales responsabilizó a los magistrados de la CC por esta situación y dijo que las negociaciones para implementar un plan conjunto se estaban consolidando en apego a la Constitución Política de la República, sin embargo aseguró que el organismo se entrometió sin conocimiento alguno de dicho plan y sin las facultades para opinar en la política exterior.
“Abusaron de su investidura emitiendo una resolución contraria a derecho, sin importarles la economía y la paz social de los guatemaltecos. El gobierno ejecutivo siempre fue muy consciente de las medidas que el gobierno norteamericano podría tomar si negábamos el apoyo. Ahora espero que cada actor involucrado asuma su responsabilidad ante el pueblo de Guatemala”. Jimmy Morales, presidente de Guatemala.
En respuesta, la CC rechazó enfáticamente las acusaciones y reiteró que no puede asumir responsabilidades de otros funcionarios públicos con impacto para Guatemala. Fue el magistrado Bonerge Mejía quien en conferencia de prensa indicó que “las consecuencias jurídicas y políticas que deriven de la conducción de la política exterior del Estado de Guatemala constituyen responsabilidad exclusiva de los funcionarios legitimados para su debido ejercicio”.
Además fueron claros en que respecto al acuerdo de "tercer país seguro", la CC no le prohibió ninguna acción al presidente de la república y que la resolución únicamente señaló el procedimiento establecido en la Constitución Política de Guatemala para la firma de un convenio de esa naturaleza y con esos alcances.
