Los llamados a procesar a los funcionarios estadounidenses y agentes de la CIA que autorizaron o usaron métodos de interrogación extrema en la llamada Guerra contra el Terrorismo van en aumento.
En todo el mundo, una feroz marea de reacciones continuó en aumento, luego de la publicación de un reporte de la Comisión de Inteligencia del Senado que detalle el horrible tratamiento que dio la Agencia Central de Inteligencia a los detenidos.
Funcionarios de Naciones Unidas han pedido “deducir responsabilidades criminales” por “los sistemáticos crímenes y groseras violaciones de las leyes internacionales sobre derechos humanos”.
Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que “la prohibición de la tortura es absoluta y no es negociable. Lo que se establece en la Convención está muy claro y todos los estados que adhirieron a la Convención deben cumplir con lo que está en la Convención”.
Dujarric se refiere a la Convención contra la Tortura y el Tratamiento Inhumano firmada por el ex presidente Ronald Reagan en 1988 y ratificada por el Congreso en 1994. Esa convención obliga a Estados Unidos a procesar a quienes hayan cometido tortura o a extraditarlos a otros países para su enjuiciamiento.
La demanda de rendición de cuentas se extendió al Capitolio, donde el demócrata Mark Udall habló por largo tiempo al pleno del Senado.
“La CIA mintió a sus reguladores y al público, destruyó y trató de esconder evidencia, espió al Senado y mintió sobre la tortura y sobre los resultados de la tortura. Y a nadie se le ha exigido explicaciones", dijo Udall
"Gente de carne y hueso se involucró en tortura. Algunas de esta gente todavía está empleada en la CIA y en el gobierno de Estados Unidos”, agegó.
Pero llevar a los presuntos torturadores ante una corte puede ser muy difícil. El Departamento de Justicia declinó procesar a nadie luego de revisar los métodos de interrogación de la CIA en 2009, y hasta ahora, el gobierno de Obama no ha dado indicaciones de que esté contemplando procesamientos.
El miércoles el Departamento de Justicia dijo que Estados Unidos está comprometido a cumplir con sus obligaciones domésticas e internacionales, pero se opondrá al procesamiento extranjero de funcionarios de Estados Unidos.
Los cargos por crímenes de guerra pueden presentarse ante la Corte Penal Internacional de La Haya, pero Estados Unidos no es parte de ese cuerpo, lo que constituye uno de los varios factores complicados de la situación, según lo explica el profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, David Luban.
“La Corte Penal tiene jurisdicción sobre los crímenes que hayan cometido los ciudadanos de los estados miembros o en el territorio de sus estados miembros. Cualquiera que sea el crimen, no son crímenes de guerra. Aún si lo fueran, la Corte puede procesar solo los casos más graves. Y el ex fiscal de La Haya, Luis Moreno Ocampo, dejó claro que por casos graves se entiende los que suponen miles de víctimas”, señala Luban.
Los defensores de los derechos humanos dicen que Estados Unidos como un todo pagará un precio incalculable en el contexto mundial por los actos de tortura –un precio que solo aumentará si los responsables no son enjuiciados.
