Los mandatarios de Costa Rica, Panamá y República Dominicana emitieron el lunes un pronunciamiento de apoyo a la democracia que se suma al de la Organización de Estados Americanos, en apoyo a la democracia de Ecuador, cuando la Asamblea Nacional de este país adelanta un posible juicio político y destitución contra el presidente, Guillermo Lasso.
Los tres países, cuyos representantes estuvieron en la capital ecuatoriana en una cita de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, señalaron en un comunicado que, fieles a su compromiso con la Carta Democrática Interamericana, “reiteran el firme apoyo a la democracia en Ecuador y al gobierno del presidente Guillermo Lasso, electo democráticamente”.
Trasladaron también su preocupación ante los recientes acontecimientos “tendentes a desestabilizar un gobierno electo por la voluntad popular”, al tiempo de llamar a los distintos sectores para que se garantice el período constitucional.
En la Asamblea de Ecuador, la propuesta de enjuiciar políticamente y destituir a Lasso mantiene un apoyo mayoritario, pero la decisión será adoptada más adelante por la Corte Constitucional, que decidirá si cumple con los requisitos formales y constitucionales para enjuiciar al gobernante de 67 años. Ese proceso aún no es inminente.
El domingo, la OEA expresó la importancia absoluta del apego a la institucionalidad democrática y “del respeto a la estabilidad de los períodos democráticos” en un comunicado y convocó a los actores políticos y sociales ecuatorianos a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional.
La semana pasada una comisión legislativa, en su mayoría de oposición, presentó un informe en sede parlamentaria de un presunto caso de corrupción y supuestos vínculos de allegados al poder con grupos delictivos y recomendó que Lasso sea sometido a un juicio político.
Esa comisión analizó por casi tres semanas información acerca de un presunto caso de corrupción denominado “El Gran Padrino”, que comenzó como una investigación policial a narcotraficantes y derivó hacia posibles nexos de Danilo Carrera, cuñado del presidente, y del exfuncionario Hernán Luque con esos grupos.
Si el pedido de los legisladores es admitido en todas las instancias deberá volver al Legislativo, en dos o tres semanas, para iniciar formalmente el juicio que podría demorar un mes. Para la destitución, al menos 92 legisladores deben votar a favor de un total de 137.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, defendió a Lasso aduciendo que el informe legislativo carece de validez jurídica y que la verdadera intención es “configurar un juicio político en contra del Presidente de la República” no como un acto de “fiscalización, sino de evidente desestabilización”.
El caso se hizo público en el portal digital La Posta, que reveló un informe de investigación de la policía de entre junio de 2022 y enero de 2023, cuando fue archivado por recomendación judicial y de la Fiscalía por la falta de elementos contundentes.
Esta es la segunda vez que el Legislativo busca sacar al mandatario del poder. La primera vez fue en junio del año pasado, cuando no logró completar los 92 votos necesarios luego de un paro del movimiento indígena que derivó en violentas protestas durante casi tres semanas para exigir la reducción del precio de los combustibles. Lasso, un ex banquero de derecha, inició su gestión de cuatro años en mayo del 2021.
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