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Tribunal de Paz de Colombia nombra 2.000 víctimas de falsos positivos para "combatir negacionismo"


Una bota se observa durante la exhibición de refuerzos de caucho intervenidos artísticamente denominada 'Mujeres con las botas en la tierra' en las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá el 28 de noviembre de 2024.
Una bota se observa durante la exhibición de refuerzos de caucho intervenidos artísticamente denominada 'Mujeres con las botas en la tierra' en las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá el 28 de noviembre de 2024.

Casi 2.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales fueron identificadas en Colombia por el Tribunal de Paz, que busca arrojar luz sobre los "falsos positivos" presentados como guerrilleros en un intento por contrarrestar afirmaciones que intentan minimizar la magnitud de estos crímenes.

El Tribunal de Paz en Colombia identificó el jueves con el nombre completo a casi 2.000 víctimas de “falsos positivos”, como son conocidas las ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron falsamente presentados como guerrilleros vencidos en combates con militares. Esta es una forma de confirmar su existencia y luchar contra sectores que cuestionan la magnitud de los crímenes.

“Hoy nos convoca un deber ciudadano, ético y moral: la necesidad de reivindicar la memoria de quienes fueron asesinados y desaparecidos por aquellos que estaban llamados a protegerlos”, dijo, ante las madres de las víctimas, Alejandro Ramelli, presidente del tribunal.

Se trató de un acto simbólico en memoria de las 6.402 víctimas de “falsos positivos” que el tribunal ha identificado en sus investigaciones sobre el conflicto interno colombiano, la mayoría asesinadas entre 2002 y 2008.

ARCHIVO - Carmenza Gómez (izq), y Gloria Martínez (cent), familiares de asesinados mediante ejecución extrajudicial en 2008, asisten a un evento de reconciliación con el general retirado Paulino Coronado (der), en Soacha, Colombia, el 10 de mayo de 2022.
ARCHIVO - Carmenza Gómez (izq), y Gloria Martínez (cent), familiares de asesinados mediante ejecución extrajudicial en 2008, asisten a un evento de reconciliación con el general retirado Paulino Coronado (der), en Soacha, Colombia, el 10 de mayo de 2022.

Para Ramelli el acto simbólico era necesario para “combatir el negacionismo inclemente e impúdico de quienes aún se preocupan por las cifras y no por los acontecimientos”.

El tribunal ha recibido solicitudes de parte de algunos políticos de derecha para que revele datos exactos como nombres, documentos de identidad y detalles de los asesinatos de las 6.402 víctimas de “falsos positivos”, una cifra inédita que consolidó el tribunal tras sus investigaciones, que representa el triple de las cifras conocidas hasta entonces.

Sin embargo, el tribunal indicó el jueves que la totalidad de los nombres de las víctimas será divulgada una vez terminen la contrastación de la información por protección de la investigación judicial y “por respeto y dignidad a sus familias”.

Más de 800 exmilitares han dado su versión por esos crímenes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, como es llamado el tribunal que se creó tras el acuerdo de paz firmado hace ocho años, entre el Estado y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Decenas de exmilitares han aceptado su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales.

La lectura de los nombres de las víctimas se realizó durante la exposición “Mujeres con las botas bien puestas”, que presentaron en las instalaciones del tribunal las madres y familiares que se han dedicado a denunciar los casos y a pedir justicia.

Las botas se convirtieron en un símbolo en la denuncia de los “falsos positivos” debido a que algunos jóvenes asesinados aparecían con las botas puestas al revés y con uniformes de guerrilleros que no tenían rastros de balas, pese a que los cuerpos mostraban las heridas.

“Por qué no pedimos como sociedad que se publiquen los nombres de los militares que estuvieron involucrados en las muertes de nuestros familiares, son más de 4.500 militares que están siendo investigados”, reclamó Jaqueline Castillo, una de las víctimas. “Ellos sí merecerían estar en ese escarnio público. Hoy pedimos respeto por nuestras víctimas”, agregó.

La exposición había sido instalada en el Congreso colombiano a principios de noviembre, sin embargo, el congresista de derecha Miguel Polo Polo grabó un video tirando las botas, símbolo de las víctimas, a una bolsa de basura, mientras cuestionaba que servían para “hacer apología” de las ejecuciones extrajudiciales. Las madres de las víctimas, reprocharon la acción del congresista por considerar que fueron revictimizadas.

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