El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años por abusos a los derechos humanos y corrupción, según un documento judicial publicado el martes, días después de que un juez local rechazó dar curso a un indulto humanitario concedido al político hace unos años.
La máxima corte resolvió "declarar fundado" un recurso para restituir el indulto humanitario y ordenó al instituto penitenciario disponer "la inmediata libertad" de Fujimori, precisó el documento del organismo.
El expresidente, que estuvo en el poder durante la década de 1990, recibió un indulto presidencial en la víspera de Navidad de 2017, pero tras unos meses en libertad fue vuelto a prisión por la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tras los reclamos de familiares de las víctimas de abusos.
En el 2022, el Tribunal Constitucional había emitido otro fallo a favor de Fujimori, pero quedó nuevamente suspendido.
Fujimori, de 85 años, fue condenado por ser autor mediato de la matanza de 25 personas en los casos Barrios Altos en 1991 y la Universidad La Cantuta en 1992, mientras su Gobierno enfrentaba a la guerrilla izquierdista de Sendero Luminoso.
Conforme y alegre
El tribunal dictaminó la liberación inmediata de Fujimori del centro de detención donde se encuentra recluido, dentro de una base policial a las afueras de Lima
Su abogado Elio Riera dijo al medio local RPP Noticias tras reunirse con el exmandatario que "se ha mostrado muy conforme, ha tomado con mucha alegría este mandato".
Informó, además, que las autoridades liberarían a Fujimori el miércoles debido que la resolución se dio a conocer fuera de los horarios para realizar los trámites necesarios.
Para el abogado Riera, la decisión de la máxima autoridad judicial del país es la que tiene relevancia. "Ese tema está zanjado. El Tribunal Constitucional ha sido claro. La Corte (CIDH) no puede decidir a quién se libera o no... Como abogado procesalista y penalista no veo repercusión al Estado peruano".
En las afueras de la cárcel en la que se encuentra Fujimori se concentraron algunos simpatizantes con bombos y pistas musicales que usaba en sus campañas. También asistieron algunos de sus allegados políticos.
Pero el anuncio provocó que en las redes sociales se convocara a marchas en protesta contra su liberación y que en los exteriores del Palacio de Justicia, en Lima, se concentre un grupo de manifestantes.
"Consecuencias jurídicas"
La decisión del Tribunal Constitucional provocó el enojo de activistas de derechos humanos, que afirmaron que con ello Perú estaría entrando en rebeldía con los organismos internacionales que han pedido justicia para las víctimas de abusos.
"Esto es gravísimo para el estado de derecho. Esto va a tener consecuencias jurídicas internacionales", dijo Carlos Rivera, abogado de la ONG Instituto de Defensa Legal.
La semana pasada, la Corte IDH dio al Estado peruano un plazo que vence el 6 de diciembre para que le envíe un informe sobre su solicitud de abstenerse de liberar al expresidente Fujimori, después de que la máxima corte del país andino abrió el camino para restablecer el indulto humanitario.
El Tribunal Constitucional peruano dijo en su resolución del martes que la solicitud de la Corte IDH "se contrapone" con las sentencias que emite la justicia del país sudamericano.
"Queda fuera de su competencia (la Corte IDH) ordenar a un Estado, en supervisión de cumplimiento de sentencia, no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional", dijo la máxima corte.
La familia Fujimori ha tenido una fuerte influencia y relevancia política en las últimas tres décadas en el país.
Los simpatizantes del expresidente lo recuerdan como un líder de mano dura que salvó al país del terrorismo y de la crisis económica a fines del siglo pasado, pero sus detractores afirman que fue un déspota que disolvió el Congreso en 1992 y violó los derechos humanos para mantenerse durante una década en el poder.
Su hija mayor y heredera política, Kieko Fujimori, está a punto de ser juzgada por lavado de activos por supuestamente recibir aportes ilegales para sus campañas de la constructora brasileña Odebrecht y de un banco local.
Keiko Fujimori, en su tercer intento por ganar la presidencia de Perú, perdió en el 2021 unas apretadas elecciones frente al ahora destituido exmandatario Pedro Castillo.
[Con información de Reuters]
