El Tribunal Supremo español ha desestimado este martes el recurso del exjefe de inteligencia del gobierno de Venezuela, Hugo “El Pollo” Carvajal, contra la decisión del Consejo de Ministros de extraditarle a EE. UU., país que lo reclama por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas y de armas.
El Consejo de Ministros aprobó su traslado el pasado 3 de marzo de 2020.
Uno de los argumentos que presenta su defensa es que dicha decisión “no se efectuó bajo las condiciones legalmente establecidas”, tal y como detalla en su página web: “El acuerdo de extradición no figura en el orden del día de ese Consejo de Ministros, ni en ninguna otra fecha. Esto, según la Ley de Procedimientos Administrativos (LPACAP) y la Ley de Régimen Jurídico (LRJSP) es nulo de pleno derecho”.
Sin embargo, tras el fallo del Tribunal, y aunque la Audiencia Nacional paralizó su entrega por un defecto formal en un auto anterior, la extradición del que fuera el hombre de confianza de Hugo Chávez seguirá adelante una vez se solucione la “formalidad de rigor”, según expertos consultados.
“Esto no implica que no se retome. Muy probablemente, se retomará. ¿Cuándo? No lo sabemos. Naturalmente, la justicia tiene su tiempo y las instituciones son autónomas. Algo tan serio como esto, donde hay implicaciones legales, pero a la vez presiones políticas, eventualmente seguirá su curso”, apuntó el abogado y profesor de derecho público internacional Giulio Cellini.
El letrado Gustavo Marín señala que “el sistema de justicia español ha sido bastante estricto en el cumplimiento del Estado de derecho”, por lo que ve prácticamente imposible que las autoridades suspendan de manera definitiva el proceso de extradición.
Por otro lado, “El Pollo” comparecerá mañana, miércoles, en la Audiencia Nacional para declarar en la causa reabierta contra el partido Podemos, confirmó la propia Audiencia a la Voz de América.
Aunque su defensa ha reiterado que mantiene en secreto aspectos relacionados con el caso, algunos medios han indicado que, durante su comparecencia ante un juez en septiembre, Carvajal dijo que tenía conocimiento de irregularidades en las relaciones del régimen venezolano con personas de la órbita del partido político Podemos y apuntó a supuestos grandes contratos que el gobierno de Venezuela habría otorgado a empresas españolas en tiempos de la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
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