El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino al Partido Comunista de Venezuela (PCV) y nombró a una junta directiva ad-hoc-, según una sentencia divulgada el viernes por la noche.
El TSJ se declaró competente para conocer de una acción de amparo constitucional interpuesta en julio por un grupo de militantes que argumentaba que la junta directiva de esa organización era “ilegal”.
La máxima instancia del Poder Judicial venezolano nombró a una junta para que “organice los procesos democráticos internos que garanticen los derechos a la participación política de los asociados” del PCV.
Henry Parra, un militante que fue expulsado del partido en 2021 tras haber manifestado apoyo a un gobernador oficialista y quien encabezó la acción judicial, fue nombrado por el TSJ presidente del PCV.
En 2020, el PCV se retiró del Gran Polo Patriótico, la coalición de partidos liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y dejó de apoyar al gobierno del presidente Nicolás Maduro tras manifestar desacuerdo con sus políticas "antiobreras".
El PCV reaccionó asegurando que Maduro "consumó el asalto" contra la organización a través de una sentencia judicial que calificó de "arbitraria" y acusó a la directiva impuesta por el órgano judicial de ser "mercenarios" al servicio del PSUV.
"Este fraude procesal, que violenta los derechos políticos del PCV y del pueblo trabajador venezolano, no solo crea un grave precedente en la historia política y jurídica del país, sino que deja al descubierto el carácter autoritario, antidemocrático y reaccionario del gobierno-PSUV que equivocadamente cree que con esa maniobra doblará a las y los comunistas venezolanos", escribió en la red social X (Twitter).
Diversos sectores que muestran una posición ideológica alejada a la del PCV, fundado en 1931, han manifestado solidaridad con la organización asegurando que la criminalización de las ideas debe ser combatida por los sectores democráticos.
Desde mayo, miembros del PCV denunciaron que el gobierno venezolano tenía intenciones de intervenir ese partido.
En varias ocasiones el gobierno ha ejecutado la misma estrategia con distintos partidos críticos. Al menos siete organizaciones políticas han sido intervenidas en los últimos 11 años.
En 2020, atendiendo a demandas de militantes supuestamente descontentos con las directivas y que son considerados “instrumentos” del gobierno, el TSJ judicializó a los partidos opositores Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, tres de los principales en Venezuela.
La semana pasada el TSJ ordenó la destitución de los directivos de la Cruz Roja Venezolana, la constitución de una junta reestructuradora ad-hoc y una “reestructuración amplía” de la institución humanitaria, luego de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab presentó denuncias de presuntas graves irregularidades en el manejo de recursos y bienes de la institución, así como “acosos y maltrato” a trabajadores y voluntarios por parte del
ahora ex presidente de la institución humanitaria.
La situación ha sido considerada un “mal precedente” para activistas y defensores de DDHH que, alertan, se traduce en una vulneración a la libertad de asociación en el país y abre las puertas para que cualquier organización sea intervenida por el gobierno.
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