Un juez español emitió órdenes de arresto para 20 oficiales del ejército salvadoreño en conexión con los asesinatos en 1989 de ocho personas, incluyendo a seis sacerdotes jesuitas.
Los jesuitas, cinco españoles y un salvadoreño, y las dos trabajadoras salvadoreñas fueron asesinados en la noche del 15 de noviembre de 1989 por soldados que irrumpieron en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en San Salvador durante una ofensiva guerrillera del FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) en plena guerra civil.
Los clérigos presuntamente simpatizaban con los rebeldes izquierdistas que luchaban contra el gobierno de tendencia derechista.
Según el escrito judicial, de 77 páginas, los jesuitas y especialmente el entonces rector de la UCA Ignacio Ellacuría, habían asumido un papel de liderazgo para favorecer la apertura de negociaciones de paz entre el FMLN y el gobierno que en aquel momento presidía Alfredo Cristiani con el respaldo de Estados Unidos.
En la querella original, también se acusaba a Cristiani de encubrimiento, pero el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decidió no procesarlo.
"Ese (liderazgo) fue el motivo fundamental de su asesinato", consideró Velasco.
"Queremos demostrar que fue algo organizado. Una operación militar para asesinar a los jesuitas que duró tres días", dijo a la AP Almudena Bernabéu, abogada de la organización estadounidense.
En opinión de Bernabéu, los procesados que se encuentran fuera de El Salvador son "más vulnerables a la detención", que los que siguen en el país centroamericano.
El canciller salvadoreño Hugo Martínez dijo que el gobierno no ha "tenido ninguna notificación oficial sobre el tema" desde España pero si "las autoridades españolas hacen la solicitud (de extradición) con mucho gusto vamos a trasladar la petición" a la justicia.
Martínez explicó que existe un convenio de extradición entre España y El Salvador "que eventualmente podrían las autoridades españolas invocar para cualquier gestión que puedan hacer al respecto".
La judicatura de España ha investigado supuestos abusos a los derechos humanos en América Latina, África y Asia, habiendo sido la indagación más famosa la del intento del juez Baltasar Garzón para extraditar al ex dictador chileno, Augusto Pinochet.
