La Unión Europea adoptó un régimen de sanciones por la crisis política y la situación de los derechos humanos en Nicaragua y llamó al gobierno de Daniel Ortega a retomar las negociaciones con la oposición.
Pese a la adopción del marco jurídico, el bloque evita por el momento sancionar a los responsables de la represión en el país. El experto en derecho internacional, Ricardo de León, sostiene que la organización internacional está brindándole demasiadas oportunidades al gobierno sandinista.
“Creería yo que con este marco la UE también está dando tiempo, no sé si por querer o por error, para que los personeros del gobierno que tengan cuentas en Europa lo quiten de ahí o pongan un testaferro para no perder nada, la imposibilidad de no viajar a Europa no es algo que les vaya a pesar demasiado, no creo que sea algo muy impactante en realidad para ayudar a cambiar la situación”, manifestó el analista a la Voz de América.
De León aseguró que el peso de las posibles sanciones, es moral, ético y diplomático y que no aporta significativamente a buscar una solución a la crisis que vive el país. Según el experto, el comunicado tampoco toma en cuenta que el gobierno ha dicho que no se va a sentar a dialogar, y que negó el ingreso al país a la comisión especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Mientras el secretario de relaciones exteriores del Frente Sandinista y diputado Jacinto Suárez acusó al organismo internacional de ser colonialista.
“Eso es colonialismo, colonialismo clásico de los europeos. Las sanciones que sigan cayendo y cuántas no nos han caído, quieren cambiar el sentimiento del pueblo de Nicaragua, ese sentimiento no lo cambian con sanciones”, dijo el parlamentario.
Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social, que derivó en una demanda de salida del presidente Daniel Ortega de la presidencia en protesta por la represión ejercida contra manifestantes.
La violencia dejó más de 325 muertos, cerca de 70,000 exiliados, cientos de opositores encarcelados y una profunda recesión económica.
Venezuela, un aliado de Nicaragua, se convirtió en noviembre de 2017 en el primer país latinoamericano al que la Unión Europea impuso sanciones. En un primer momento, los europeos adoptaron un marco jurídico, similar al que actualmente están adoptando con Nicaragua.
