La Unión Europea impuso sanciones económicas contra 11 funcionarios venezolanos en protesta por la reelección del presidente Nicolás Maduro, que el bloque afirma no fue ni libre ni justa.
Los vetos a viajes y congelamiento de activos, que Reuters reportó en mayo, se suman a las penas contra siete funcionarios venezolanos de alto rango que el bloque sancionó en enero.
Las medidas no apuntan directamente a Maduro, dado que la UE quiere presionar primero a aquellos que están en su entorno, pero sí incluye a la nueva vicepresidente Delcy Rodríguez.
Las prohibiciones de viaje y el congelamiento de bienes fueron impuestos debido a que los individuos señalados "son responsables de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela", dijo el bloque europeo.
El gobierno venezolano repudió las medidas; el presidente Nicolás Maduro destacó que, a pesar de las sanciones, Venezuela tiene suficientes uniformados preparados para defenderla de una posible invasión de alguna fuerza extranjera.
“La patria tiene militares que la defiendan, la patria tiene militares que la amen, y la patria está preparada para defenderse ante el invasor, ante el intervencionismo, queremos paz", afirmó el mandatario.
Con estas sanciones, que abarcan al jefe del ejército y al director de la agencia nacional de inteligencia, el número de funcionarios venezolanos sanciones por la UE asciende a 18.
La UE, el tercer mayor socio comercial de Venezuela después de Estados Unidos y China, busca aislar a Caracas y ayudar a poner fin al que considera un régimen autoritario que está arruinando la economía del país, provocando escasez de alimentos.
En noviembre, la Unión Europea impuso un embargo de armas contra Venezuela.
Las sanciones buscan ayudar a fomentar una solución democrática a la crisis, promover la estabilidad política y cumplir con las necesidades urgentes del pueblo venezolano.