La Unión Interparlamentaria pidió al gobierno de Nicolás Maduro que permita que una misión de su Comité de Derechos Humanos viaje a Venezuela para investigar la represión a legisladores de la oposición.
En un comunicado de prensa, la IPU hizo referencia al encarcelamiento del diputado Juan Requesens, quien fue arrestado la semana pasada en Caracas, y a la orden de detención emitida contra Julio Borges, también diputado y quien ha sido un fuerte crítico del gobierno y de la situación en la que se encuentra su compañero, Requesens.
“Parece que el proceso de arrebatar la inmunidad de los parlamentarios no cumple con la constitución y leyes venezolanas lo que sugiere que puede estar motivado políticamente”, dijo la UPI el miércoles.
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El comité de DDHH de la UPI ha investigado y denunciado los abusos contra 57 parlamentarios venezolanos de la Mesa de Unidad Democrática, incluidos Gilber Caro, un diputado que estuvo arrestado por más de año y Freddy Guevara, quien ha tenido que buscar refugio en la casa del embajador de Chile en Caracas, entre otros.
La presidente de la UPI, Gabriela Cuevas dijo que el organismo pide a “las autoridades venezolanas que se respeten los derechos humanos de los legisladores, y específicamente sus derechos a un juicio justo y a la libertad de expresión, sin importar la afiliación política”.
La próxima reunión del comité de derechos humanos de la UPI será en octubre de este año en Ginebra. El organismo se reúne tres veces al año y está compuesto por doce miembros, todos parlamentarios de distintos países.
La vicepresidente es la venezolana Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela y también parte de la opositora Mesa de la Unidad Democrática.
