El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reportó el lunes un “drástico” incremento de la tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes en Ecuador, en momentos en que las autoridades han decretado un “conflicto armado interno” para enfrentar la espiral de violencia generada por el crimen organizado.
En un informe divulgado en Nueva York y Panamá, la agencia de las Naciones Unidas dijo que, según las últimas estimaciones del Ministerio del Interior de Ecuador, al menos 770 homicidios de niños, niñas y adolescentes fueron registrados en el país en 2023, un aumento del 640 % con respecto a los 104 casos contabilizados en 2019.
Este alarmante aumento en las muertes por violencia armada, según UNICEF, continúa impactando severamente las vidas de niños, niñas y jóvenes en Ecuador, cuyo gobierno declaró la semana pasada un estado de emergencia y decretó que el país sudamericano entraba en un nivel de conflicto armado con las bandas del crimen organizado y el narcotráfico.
“En los últimos meses, las muertes de niños, niñas y adolescentes han aumentado drásticamente debido a un incremento dramático del crimen en varias partes de Ecuador. También se reporta un aumento (de) reclutamiento forzado de adolescentes por parte de grupos armados, y las instalaciones médicas y las escuelas están bajo asedio”, dijo Garry Conille, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.
UNICEF señaló que, además de la situación de la niñez, “preocupa el creciente número de personal médico, maestros y directores de escuelas amenazados, extorsionados y asesinados por grupos armados”. Además el organismo se refirió a cómo la crisis de seguridad ha llevado al cierre temporal de escuelas en todo el país, privando a más de 4.3 millones de niños, niñas y adolescentes de acceder a los servicios educativos adecuados.
El lunes, una semana después de una nueva escalada de la violencia —que incluyó el inédito asalto de un canal de televisión que transmitía en vivo por parte de un grupo de encapuchados armados— las clases en las escuelas del país se mantenían virtuales, mientras que el país trataba de retornar lentamente y aún con temor a las actividades.
El gobierno decretó desde la semana pasada un “conflicto armado interno” en Ecuador y catalogó como “terroristas” a 22 bandas criminales, ahora convertidas en “objetivo militar”.
El viceministro ecuatoriano de Finanzas, Daniel Falconí, en rueda de prensa aseguró que el ejercicio de mantener un esfuerzo de guerra, “puede ser aproximadamente de 1.020 millones de dólares para sostener las operaciones que actualmente se han intensificado por fuerzas armadas”.
La semana pasada el gobierno envió a la Asamblea un proyecto para aumentar del 12 % al 15 % el impuesto al valor agregado, lo que excluye a los alimentos y servicios básicos, para financiar el conflicto armado interno. Tal aumento de tres puntos equivaldría a una recaudación anual 1.306 millones de dólares adicionales.
La Asamblea cuenta con 30 días para aprobar o negar la propuesta y, en caso de que no dé una respuesta, entrará en vigencia automáticamente tras ese plazo.
“Ahora debemos andar bien atentos en todas partes, porque pueden atacar en cualquier lado y eso da miedo, porque tenemos familia e hijos pequeños”, dijo a The Associated Press el mensajero Juan Manosalvas. “Nuestro país ya no es como antes, ahora el miedo parece que está en todas partes y a todas horas”.
En Quito, la capital del país, algunas empresas mantenían a sus empleados en teletrabajo, aunque se notó el lunes más movimiento y tráfico vehicular en las calles.
En medio de un operativo al norte de la capital, el general de policía y jefe del distrito metropolitano, Wilson Pavón, dijo el lunes que durante la última semana se habían registrado sólo en la capital 31 amenazas, de las cuales 17 fueron con la colocación de explosivos y las otras descartadas.
En declaraciones a la red de televisión Teleamazonas, el jefe policial convocó a la población a estar atenta ante personas o vehículos sospechosos que circulan en sus zonas.
La oleada de violencia se intensificó hace una semana tras la desaparición de una cárcel de Guayaquil, del capo del narcotráfico, Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, con vinculación al cartel mexicano de Sinaloa. Un día más tarde se fugó otro jefe regional de la banda Los Lobos, Fabricio Colón Pico. Ninguno ha sido localizado.
El fin de semana, 169 funcionarios penitenciarios que permanecían retenidos en siete cárceles del Ecuador fueron liberados en su totalidad, confirmó el presidente Noboa. Uno de los agentes falleció en una prisión del sur del país.
De acuerdo con el más reciente balance de las autoridades durante el estado de excepción al menos 1.327 personas han sido detenidos, 143 de ellos por presunto terrorismo, además, cinco miembros de las bandas han sido abatidos, aunque no se ha precisado si son parte de los 14 fallecidos en lo que va de la emergencia sólo en la ciudad de Guayaquil.
Las autoridades también han informado que durante los últimos días se han decomisado 491 armas de fuego, 268 armas blancas, 10.241 municiones, 462 explosivos, 14 embarcaciones, entre otros artículos durante la ejecución de 12.974 operativos.
Autoridades ecuatorianas han reconocido que el sistema penitenciario es uno de los principales ejes de la crisis de inseguridad que enfrenta la nación. Desde 2021 más de una decena de masacres carcelarias entre bandas dejaron alrededor de 450 reos asesinados. Desde las prisiones se comandan todo tipo de delitos como asesinatos, sicariatos, extorsiones, y otros, según la versión oficial.
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