La semana pasada el Parlamento, con los votos del izquierdista Frente Amplio, partido de gobierno que tiene la mayoría en ambas Cámaras, aprobó una ley para que no prescriban los crímenes cometidos durante el gobierno de facto que permaneció entre 1973 y 1985.
Los juristas consultados afirman que esa norma no podrá ser aplicada retroactivamente por lo que no alcanzará a los militares retirados acusados de violar los Derechos Humanos.
En cada caso que quiera utilizarse la norma sería declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, según se explicó a la Voz de América desde el Poder Judicial.
La Suprema Corte de Justicia entendió que los crímenes de la dictadura fueron asesinatos agravados pero no delitos de lesa humanidad y por tanto prescriben el primero de noviembre, 26 años después de haber sido cometidos.
Mientras tanto, este fin de semana desde la Federación de Estudiantes Universitarios, afín ideológicamente a la izquierda política, ayudó a víctimas de la dictadura a armar las denuncias para presentar en las seccionales policiales.
En dos sábados seguidos se presentaron unas 170 denuncias contra militares dijo a la prensa el abogado Federico Alvarez Petraglia, quien explicó que seguirán las investigaciones por Derechos Humanos.
En este marco, asociaciones de militares anunciaron que presentarán denuncias contra ex guerrilleros tupamaros, varios de ellos ocupando cargos en el actual gobierno, por delitos de sangre cometidos en democracia, antes del golpe de Estado de 1973, y durante la dictadura.