Hacer que los obispos y otras autoridades eclesiásticas rindan cuentas si no denuncian supuestos abusos contra menores, es el objetivo de los miembros de la junta asesora del papa Francisco.
La comisión de investigación afirma que atribuir responsabilidades es una de las cuestiones principales que enfrenta el pontífice y que constituirá una prueba clave sobre la eficacia de su nueva junta asesora.
El papa Francisco anunció en diciembre la creación de la comisión y designó a sus miembros en marzo después de haber sido criticado inicialmente por haber supuestamente ignorado la cuestión del abuso sexual.
Los ocho miembros de la comisión -cuatro son mujeres- se reunieron por primera vez esta semana en el hotel papal del Vaticano para debatir el alcance de su trabajo y sus miembros futuros.
El cardenal Sean O'Malley, arzobispo de Boston, dijo en un informe a la prensa el sábado que las leyes actuales de la iglesia pueden responsabilizar a los obispos si no protegen a los niños, pero agregó que dichas leyes no han sido suficientes hasta ahora y que se necesitan nuevos protocolos.
"Evidentemente nuestra preocupación consiste en asegurarnos de que haya protocolos claros y efectivos para lidiar con las situaciones en que los superiores de la iglesia no han cumplido con sus obligaciones de proteger a los niños", dijo O'Malley.
La comisión de investigación afirma que atribuir responsabilidades es una de las cuestiones principales que enfrenta el pontífice y que constituirá una prueba clave sobre la eficacia de su nueva junta asesora.
El papa Francisco anunció en diciembre la creación de la comisión y designó a sus miembros en marzo después de haber sido criticado inicialmente por haber supuestamente ignorado la cuestión del abuso sexual.
Los ocho miembros de la comisión -cuatro son mujeres- se reunieron por primera vez esta semana en el hotel papal del Vaticano para debatir el alcance de su trabajo y sus miembros futuros.
El cardenal Sean O'Malley, arzobispo de Boston, dijo en un informe a la prensa el sábado que las leyes actuales de la iglesia pueden responsabilizar a los obispos si no protegen a los niños, pero agregó que dichas leyes no han sido suficientes hasta ahora y que se necesitan nuevos protocolos.
"Evidentemente nuestra preocupación consiste en asegurarnos de que haya protocolos claros y efectivos para lidiar con las situaciones en que los superiores de la iglesia no han cumplido con sus obligaciones de proteger a los niños", dijo O'Malley.
