El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó los argumentos del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien, al responder a las observaciones presentadas por el Estado venezolano para evitar que siga su curso la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, ratificó su solicitud de que continúe el proceso de investigación.
“Una vez más, el fiscal de la CPI da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos”, destaca un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores divulgado el lunes.
La cancillería recordó que el 28 de febrero el Estado venezolano presentó ante la CPI un “sólido” documento que “desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puestas en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.
“Las afirmaciones recientemente presentadas por el fiscal para nada desvirtúan los irrebatibles planteamientos realizados por Venezuela. Por el contrario, confirman que la CPI carece de competencia para conocer los hechos presentados por el fiscal Khan, a la luz de lo dispuesto en el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de ese organismo internacional”, continúa el texto.
La semana pasada fue divulgado un documento en el que la fiscalía de la CPI aseguraba que ninguna de las peticiones del Estado “tiene fundamento” y reitera a la Sala de Cuestiones Preliminares su petición de que continúe la investigación.
“El gobierno no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Corte”, precisó la fiscalía, entre otros argumentos.
En ese sentido, la fiscalía sostiene que el aplazamiento de la investigación “no está justificado” y solicita a la Sala de Cuestiones preliminares que autorice la reanudación de la investigación.
En 2021 la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.
El Estado venezolano cuestionó la decisión del fiscal argumentando que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fin de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.
La decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI sobre si la investigación del caso venezolano debe continuar o no, se podría dar a partir de este mes.
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