En línea con sus pronunciamientos de rechazo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció el martes que plantará cara la decisión de la Corte Penal Internacional de reabrir la investigación en contra de Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad por la actuación de las fuerzas del orden en las protestas de 2017.
Según un comunicado gubernamental, Caracas notificó oficialmente a la Sala de Apelaciones de la Corte de La Haya que el país recurrirá la reapertura del expediente de investigación y que en las próximas semanas, “consignará los elementos que respaldan su apelación”.
También indicó que continuará haciendo uso de todas las acciones disponibles en el Derecho Internacional para “defender la verdad y asegurar sus derechos como nación”, ya que Maduro y sus aliados atribuyen la investigación a una supuesta estrategia de “cambio de régimen” impulsada Washington.
El proceso es para el gobierno venezolano una ofensiva que “abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional, con fines políticos ” y que, según reprocha, se evidenciaría en las falencias presentes en la decisión.
La CPI sustentó su decisión al constatar que la investigación de Venezuela sobre lo ocurrido en las protestas antigubernamentales ha sido insuficiente.
Los juicios y condenas por las muertes durante las protestas de 2017 hasta ahora han recaído en los autores materiales de algunos de esos crímenes, la mayoría agentes de los cuerpos de seguridad, pero hasta ahora no se han establecido responsabilidades en la cadena de mando.
La corte había suspendido una investigación sobre presuntas irregularidades, incluido el uso de fuerza excesiva y tortura —la primera en su tipo en América Latina— luego de que Venezuela solicitó hacerse cargo del caso en abril del año pasado.
Siete meses después, el fiscal de la CPI Karim Khan solicitó la reapertura de su investigación, argumentando que los esfuerzos venezolanos para impartir justicia “siguen siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido ningún impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes”.
Los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI dijeron que las investigaciones venezolanas parecían estar enfocadas en perpetradores directos y de bajo nivel. La CPI busca enjuiciar a los comandantes superiores considerados responsables de crímenes.
La Corte avaló la solicitud y señaló que las acciones de Venezuela “no reflejan suficientemente el alcance” de la investigación prevista, incluso generalmente éstas se enfocan en los perpetradores de bajo nivel.
El caso fue llevado a la Corte de La Haya en 2018 por los Estados miembros Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, quienes solicitaron una investigación sobre presuntos delitos en Venezuela desde principios de 2014, un año después de que Maduro asumiera el cargo.
La predecesora de Khan, Fatou Bensouda, realizó una investigación preliminar y en 2020 dijo que encontró una base razonable para concluir que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al menos desde abril de 2017. La investigación de Bensouda se focalizó principalmente en denuncias de fuerza excesiva, detención arbitraria y tortura por parte de las fuerzas de seguridad durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2017.
La CPI es un tribunal de última instancia que investiga presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo.
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