La Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora aprobó el martes continuar el proceso judicial a presidente Nicolás Maduro por el caso Odebrecht.
El pleno de la AN aprobó la moción con 105 votos a favor y 2 en contra, de diputados oficialistas, por existir pruebas suficientes que lo vinculan a actos de corrupción en el caso Odebrecht. Sin embargo, el juicio no tendrá ninguna repercusión debido a que esos jueces no son reconocidos por las autoridades locales.
Al grito de "¡Libertad, libertad!", la mayoría opositora del Congreso aprobó por unanimidad la solicitud de antejuicio de mérito contra Maduro que fue realizada por una treintena de magistrados exiliados que integran el llamado "Tribunal Supremo Justicia en el exilio".
Éstos fueron nombrados el año pasado por el Legislativo y huyeron del país luego de que las autoridades ordenaran su detención para procesarlos por usurpación de funciones y traición a la patria.
En el país funciona actualmente un Tribunal Supremo de Justicia que controla el gobierno.
La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien fue destituida por el mandatario hace nueve meses por oponerse al golpe contra el Parlamento venezolano, solicitó desde Bogotá, Colombia, el procesamiento de Maduro por corrupción y blanqueo de capitales.
Ortega Díaz pronosticó en entrevista con el diario ABC de España que el gobernante venezolano «Es el próximo después de Lula», en ir a la cárcel.
La fiscal general destituida, acusó al gobernante venezolano de solicitar a Odebrecht 50 millones de dólares para su campaña presidencial en 2013, y entregó a los magistrados exiliados documentos y testimonios de ejecutivos de la empresa constructora que presuntamente implicarían a Maduro en delitos de corrupción y lavado de dinero.
"La corrupción de ese hombre (Maduro) es la que hoy nos ahoga", afirmó el diputado opositor, Juan Guaidó, al defender el proceso contra el mandatario, y dijo durante la sesión que Maduro tiene que ser juzgado desde el exterior porque "Venezuela vive en dictadura".
A la sesión del Congreso no pudieron ingresar los medios de comunicación debido a que guardias nacionales, que custodian el palacio legislativo, impidieron el acceso sin ofrecer explicaciones.
Ortega Díaz, quien por años respaldó al gobierno, fue destituida en agosto pasado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y poco después huyó del país.
La acción de la Asamblea Nacional fue rechazada por el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, que consideró el proceso como "nulo".
Saab condenó las sesiones que han realizado en los últimos meses los magistrados exiliados en Estados Unidos y Colombia, y dijo el lunes en su cuenta de Twitter que los jueces pretenden "ilegalmente" acciones contra la democracia y Maduro.
Los partidos opositores reaccionaron de inmediato a la decisión de la AN.
A través de un comunicado de prensa, el partido Primero Justicia anunció su opción de apoyar cualquier acción para el esclarecimiento y enjuiciamiento del presidente Nicolás Maduro por su vinculación a los presuntos hechos de corrupción con la constructura brasileña Odebrecht.
Destacaron que estos hechos de corrupción prueban la devastación a la que ha sido sometido el país a lo largo de los últimos 18 años y que han generado hambre y sufrimiento al pueblo venezolano.
