El enviado especial del Vaticano a Caracas, monseñor Emir Paul Tscherrig, anunció que se ha iniciado el diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela.
Acompañado de los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero y de Panamá, Martín Torrigos, Tserrig dijo que las partes se reunirán el próximo 30 de octubre en la isla de Margarita, en el oriente del país.
El enviado papal pidió a los voceros de la oposición y el gobierno que cumplan los acuerdos que se formulen y sean aprobados.
En una nota de prensa publicada en el portal de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición que agrupa a la oposición, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, dijo que con la mediación del Vaticano, finalmente los venezolanos tienen una agenda clara para la restauración del hilo constitucional.
Maduro es recibido por el Papa
Torrealba y los diputados opositores a la Asamblea Nacional: Luis Florido, Julio Borges y Enrique Márquez, se reunieron el lunes con monseñor Tsherrig y con el nuncio Aldo Giordiani, representante de la iglesia venezolana.
Entretanto, el papa Francisco recibió al presidente Nicolás Maduro en una audiencia privada en el Vaticano, informaron la embajada venezolana en Roma y la Santa Sede.
La oficina de prensa del Vaticano dijo que el encuentro se llevó a cabo “en el marco de la preocupante situación de crisis política, social y económica que el país está atravesando y que está teniendo graves repercusiones en la vida cotidiana de toda la población”.
“El papa ha deseado continuar ofreciendo su contribución a favor de la institucionalidad del país y ayudar a resolver las cuestiones pendientes y a crear mayor confianza entre las partes”, explicó el Vaticano.
Regreso anticipado
Se espera que Maduro llegue al país el lunes por la noche tras acortar una gira por varios países petroleros, luego de que la Asamblea Nacional declaró el domingo la ruptura del orden constitucional y un golpe de estado por parte del régimen, por haber suspendido la recolección de firmas para el proceso de referendo revocatorio contra el mandatario.
La Asamblea acordó solicitar a organismos internacionales la activación de los mecanismos necesarios para garantizar los derechos del pueblo venezolano, sobre todo su derecho a la democracia, como la activación de la Carta Democrática de la OEA.
Se acordó también solicitar la activación ante la Corte Penal Internacional y otros organismos la denuncia contra jueces y rectores del Consejo Nacional Electoral por la suspensión del referéndum; proceder según los mecanismos constitucionales a la designación de los rectores principales y suplentes, así como la designación de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, e iniciar el procedimiento para determinar la situación constitucional de la presidencia de la república.
Los asambleístas se reunirán nuevamente el martes 25 y el presidente Maduro, espera llegar al país antes de esa sesión con la intención, anunciada de disolver la Asamblea. No obstante medios venezolanos afirman que hay preocupación entre los dirigentes de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana por el tamaño de la represión que tendrían que aplicar en todo el país.
Todas estas tensiones ponen en peligro el diálogo iniciado con la mediación del Vaticano, que se desconoce si continuaría.
Reacciones Internacionales
Ante todos estos acontecimientos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro dijo en CNN que “hay que hacer un llamado al respeto constitucional en Venezuela” y que “los pasos siguientes dependen de la voluntad de los estados”, porque “lo que ha sido vulnerado obliga a la acción”.
La Comisión de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria, reunida en Ginebra esta semana en su asamblea bianual, enviará una delegación a Venezuela para intentar mediar en el conflicto político del país, informó Martin Chungon, secretario general del organismo.
Human Rights Watch, en un informe tras una investigación de la situación venezolana, instó a “una fuerte presión internacional” en particular de la región, para que el gobierno de Nicolás Maduro tome medidas inmediatas para abordar lo que llama “la profunda crisis humanitaria” en Venezuela.
“El gobierno venezolano ha parecido más rotundo en negar la existencia de una crisis humanitaria que en trabajar para resolverla”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.