Un expiloto venezolano de combate encarcelado en Venezuela en febrero por sus vínculos con una destacada abogada de derechos humanos es empleado de la firma petrolera estadounidense Chevron, según información obtenida por The Associated Press.
El arresto, junto con otras acciones recientes del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pone en riesgo los esfuerzos del gobierno del presidente Joe Biden para allanar el camino hacia unas elecciones libres y justas en el país sudamericano.
Alejandro González, el expiloto y gerente local de Chevron, fue detenido el 9 de febrero por agentes de contrainteligencia que allanaron su casa cerca del centro petrolero en el este de Barcelona, Venezuela, alrededor de las 10 de la noche. La única información que ha recibido su familia, provino de una declaración del fiscal en jefe de Maduro en la que lo acusa de revelar secretos de seguridad nacional y obstrucción de la justicia.
“No puedo dejar de pensar que todo es una pesadilla y que no está ocurriendo de verdad”, dijo Alexandra González, la mayor de las tres hijas de González, en una entrevista desde su casa en España. “No supimos más nada de él. No sabemos cómo está. No hemos hablado con él y no ha tenido acceso a sus abogados”.
El arresto de González se produjo horas después de que su exesposa, la abogada de derechos humanos Rocío San Miguel, fuera detenida también, pero en un aeropuerto en las afueras de Caracas cuando se dirigía a un viaje a Miami. Tarek William Saab, el fiscal general, la acusó de trabajar como “espía” en una de las múltiples conspiraciones respaldadas por Estados Unidos que las autoridades afirman haber frustrado en los últimos meses. Su hija, dos hermanos y otro exesposo, quien igualmente sirvió en la fuerza aérea, también fueron detenidos, pero poco después liberados.
Funcionarios de la ONU han señalado que estos arrestos son parte de una tendencia creciente de atacar a amigos y familiares de opositores al gobierno.
Chevron, la única petrolera estadounidense importante en Venezuela, dijo que el arresto de González no estaba relacionado con la empresa. En un comunicado, notificó que no haría comentarios sobre asuntos de personal.
La hija de González se rio de la idea de que su padre, quien se retiró de la fuerza aérea de Venezuela en 2011 con el rango de coronel, estuviera involucrado en algún esfuerzo por desestabilizar al gobierno. González describió a su padre como un profesional trabajador “normal”, quien cumplió su sueño de infancia de volar en la cabina de un F-16 y otros aviones que piloteó mientras servía en la fuerza aérea.
Desde que se retiró del ejército, el hombre de 57 años ha trabajado para Chevron y ahora ocupa un puesto directivo en el que coordina vuelos para sus empleados hacia y desde los cinco proyectos de perforación que la compañía opera en la nación sudamericana junto con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Ahora se encuentra recluido en una instalación en la capital administrada por la unidad de inteligencia militar de Venezuela.
“¿Cómo puede tener secretos del Estado una persona que tiene más de 13 años que no es militar?”, dijo la joven González. “No tiene ningún sentido”.
Los arrestos son parte de lo que funcionarios estadounidenses dicen que es una represión más amplia contra la disidencia, lo cual amenaza con echar abajo un acuerdo político negociado el año pasado entre los enviados de Maduro, el gobierno de Biden y una coalición de oposición respaldada por Estados Unidos para brindar garantías para las elecciones presidenciales programadas para el próximo 28 de julio.
Gracias a ese acuerdo, Estados Unidos comenzó a aliviar las sanciones petroleras, lo que permitió a Chevron realizar más intercambios de combustible con PDVSA y recuperar algunos de los préstamos impagos que le había otorgado a la compañía como parte de sus proyectos conjuntos en el desarrollo de campos petroleros.
Pero la esperanza de lograr un campo de juego político más nivelado parecen desvanecerse rápidamente.
Además del arresto de San Miguel, el máximo tribunal del país —lleno de personas leales a Maduro— ha impedido que la principal rival del presidente, María Corina Machado, se postule para el cargo. Y apenas esta semana, el gobierno de Maduro arrestó o emitió órdenes judiciales contra nueve de los asistentes de Machado, incluida su jefa de campaña.
También ordenó el cierre de una oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas, y dio a su personal internacional 72 horas para abandonar el país, tras acusar al organismo de ayudar a “golpistas” cuando pidió la liberación inmediata de San Miguel.
“Maduro no cumplirá con un acuerdo, con ninguno que conduzca a su salida involuntaria de la presidencia”, dijo William Brownfield, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, en un evento reciente en Washington organizado por el Wilson Center, una organización de investigación y análisis de temas internacionales fundada por el Congreso de Estados Unidos. “Ha calculado, correctamente, que no ganaría en una confrontación cara a cara con María Corina Machado”.
El miércoles, un panel independiente de expertos dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que el gobierno de Maduro ha aumentado las acciones de represión contra opositores previo a las elecciones presidenciales de este año.
Marta Valiñas, jefa del panel establecido por el consejo en 2019, dijo a los diplomáticos que la abogada venezolana y sus asociados fueron detenidos sin orden judicial y en violación de las garantías básicas del debido proceso, como el comparecer ante un juez dentro de las 48 horas posteriores a su detención.
“Esta práctica de intimidar con acciones penales a familiares y allegados de las personas objetivo de las autoridades responde a un patrón ya reportado en informes anteriores de la misión”, dijo Valiñas.
Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero años de mala gestión y, más recientemente, de sanciones estadounidenses, han destruido la producción, que ha pasado de 3,5 millones de barriles por día cuando el mentor de Maduro —Hugo Chávez— asumió el poder en 1999, a menos de 820.000 barriles por día en febrero, cerca del nivel más bajo en décadas.
Chevron ha operado en Venezuela desde la década de 1920, y permaneció en el país incluso después de que varios de sus competidores huyeron por disputas y amenazas de confiscación por parte de Chávez.
San Miguel es una abogada que dirige una pequeña organización sin fines de lucro que monitorea a las fuerzas de seguridad de Venezuela. A diferencia de muchos otros críticos del gobierno que han huido en los últimos años, ella permaneció en el país y se ha enfocado más en explicar los entresijos políticos poco conocidos dentro de los cuarteles que en atacar al gobierno de Maduro.
El fiscal Saab, durante una reciente conferencia de prensa televisada a nivel nacional, dijo que las autoridades también tenían constancia de “pagos en dólares de una transnacional petrolera” a San Miguel para un “análisis de entorno” sobre asuntos militares. No mostró copias de los pagos ni identificó a la empresa que supuestamente pagó a San Miguel.
González dijo que su padre no ha hablado con San Miguel en casi un año, y agregó que el matrimonio de la pareja terminó en un amargo divorcio en 2023.
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