Casi un mes después de la reanudación de los diálogos entre el gobierno y la oposición de Venezuela, la ausencia de una agenda pública y la postergación indefinida de un nuevo encuentro generan dudas de que las partes logren alcanzar un acuerdo amplio que ayude a poner fin a la larga crisis política, social y económica que ha forzado a siete millones de venezolanos a emigrar.
El actual proceso de diálogo, “aunque es el más fuerte que hemos logrado” por el apoyo internacional, “aún es débil”, reconoció Gerardo Blyde, coordinador de la delegación opositora.
Pese al fracaso de los anteriores procesos de diálogo y la debilidad del actual, una gran mayoría mantiene la expectativa de éxito mientras otros parecen conformarse con acuerdos mínimos que permitan mejorar la situación del país luego de más de dos décadas de sostenida crisis.
“Ojalá pongan de su parte, estamos cansados. Tengo fe de que lleguen a un acuerdo y las cosas mejoren”, dijo a The Associated Press Cecilia Méndez, una oficinista de 41 años que se quejaba en un mercado de Caracas por el aumento de la cotización del dólar en las últimas semanas. En Venezuela los precios se fijan de acuerdo con su costo en dólares, lo que ha minado el poder de compra de millones de personas.
Entre los factores que alimentan la esperanza figura la decisión del líder opositor Juan Guaidó y sus aliados de dejar en el pasado la postura de no negociar con el presidente Nicolás Maduro y plantear una convivencia que permita que se levanten gradualmente las sanciones contra el gobierno socialista como un incentivo para llegar a un acuerdo.
Las partes retomaron el 26 de noviembre en México los diálogos suspendidos desde octubre de 2021 luego de que los delegados de Maduro abandonaron la mesa cuando el empresario Alex Saab fue extraditado por cargos de lavado de dinero de Cabo Verde a Estados Unidos. Maduro condicionó entonces la reanudación a la liberación de Saab, quien alega que cumplía funciones diplomáticas para Venezuela y por tanto no podía ser arrestado.
Aunque Saab sigue detenido en Florida y avanza el proceso judicial en su contra, Maduro cedió en su exigencia y regresó a las negociaciones. Según analistas, con ello el mandatario estaría buscando un levantamiento de las sanciones internacionales que pesan sobre el gobierno venezolano y varios altos funcionarios, incluido él mismo.
Las sanciones estadounidenses buscan impedir que el gobierno venezolano realice transacciones financieras y comerciales en el extranjero, acceda a activos internacionales de Venezuela y negocie con petróleo u oro. Washington, además, prohibió a los estadounidenses y sus socios internacionales hacer negocios con Caracas para presionar a Maduro a dejar el poder argumentando que fue electo en 2018 en comicios fraudulentos.
“Es una paradoja”, dijo a AP Daniel Varnagy, doctor en Ciencia Política y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. “La mayoría de los venezolanos desconfían” de los actores políticos pero esperan que las conversaciones tengan un resultado exitoso.
Varnagy resaltó que la desconfianza se debe, en buena medida, a que el diálogo no se desarrolla entre partes iguales: “uno negocia con quien tenga tanto que ceder como la otra parte y que tenga mucho que ganar como la otra parte” pero, en este caso, el gobierno venezolano tiene “todo el poder” y se ha mientras la oposición “no tiene absolutamente nada de poder” y se ha fragmentado.
Lo que ahora “se está negociando es básicamente cómo levantar las sanciones” que afectan las finanzas del gobierno y son percibidas por buena parte de la población como la causa de muchas de sus tribulaciones, señaló Varnagy.
Hasta ahora el único avance importante fue la firma en la capital mexicana de un acuerdo que prevé la creación de un fondo, que será manejado por las Naciones Unidas, para atender la compleja crisis social del país sudamericano.
El acuerdo está dirigido fundamentalmente a atender los problemas sociales mediante la recuperación de activos del Estado venezolano que “se encuentran secuestrados” en el sistema financiero internacional, expresó Maduro, y que se estiman en 3.150 millones de dólares.
Si sus adversarios abogan por la liberación de esos fondos, “después veremos qué otros temas se puedan conversar con este sector de la oposición”, ha dicho Maduro repetidamente.
Estados Unidos, entre otras decenas de países, reconocieron a Guaidó como presidente interino después de que se proclamara como tal cuando fungía como jefe de la Asamblea Nacional (2016-2021). Pero el apoyo internacional a Guaidó ha disminuido significativamente con el paso del tiempo.
Los analistas coincidieron en que no se espera un levantamiento general de las sanciones sino una discreta y progresiva anulación de algunas de ellas, acotó Varnagy.
Recientemente el Departamento del Tesoro estadounidense amplió la licencia de las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela después de años de sanciones que habían reducido drásticamente los ingresos por la producción y venta de petróleo y gas a las arcas del gobierno de Maduro.
Esa decisión de la administración del demócrata Joe Biden podría abrir el camino para acuerdos operativos con otras firmas petroleras extranjeras.
Semanas antes de la reanudación de los diálogos se realizó también un importante intercambio de prisioneros en el que Venezuela liberó a siete estadounidenses encarcelados a cambio de que Estados Unidos pusiera en libertad a dos sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores.
Los grupos defensores de derechos humanos apoyan el diálogo y han advertido que su fracaso podría minar aún más el Estado de Derecho en el país.
En Venezuela “la raíz de todos los problemas sociales, políticos y económicos es la falta de un acuerdo político y hasta que no se llegue a ese acuerdo político, la crisis en Venezuela va a continuar”, dijo a AP el abogado Alí Daniels, miembro del directorio de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello.
Sin embargo, advirtió, “de no darse un acuerdo se corre el riesgo de que el gobierno se vuelva aún más arbitrario y se cometan todavía más violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad”.
La Corte Penal Internacional abrió en noviembre de 2021 una investigación formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y suscribió con la administración de Maduro un memorando de entendimiento en el que se comprometieron a cooperar para esclarecer los hechos.
En el ámbito político el objetivo es lograr acordar garantías electorales que permitan celebrar comicios transparentes. El gobierno de Maduro no puede esperar que se levanten las sanciones sin dar nada a cambio y eso podría ser un as en la manga de la oposición.
Al respecto, Tomás Guanipa, miembro de la delegación opositora en los diálogos de México, manifestó que la meta es “lograr la democratización del país. Que a la hora de elegir al presidente de la república haya un proceso electoral transparente, con garantías a los venezolanos de que el voto será respetado”.
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