El gobierno de Venezuela calificó de "mentiras" el contenido del informe preliminar del Panel de Expertos Electorales de la ONU que denunció la ausencia de “requisitos básicos de transparencia e integridad” esenciales para celebrar elecciones creíbles.
El grupo, que se desplegó en el país para observar las elecciones presidenciales del 28 de julio, sostuvo que la ausencia de resultados desglosados “no tiene precedente” en votaciones democráticas contemporáneas y afirmó que la revisión de una pequeña muestra de documentos públicos, entre ellos las actas publicadas por la oposición, “exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos originales de los resultados”.
La publicación del informe, que inicialmente sería de carácter privado y dirigido al secretario general de la ONU, Antonio Guterres y al Consejo Nacional Electoral (CNE), fue repudiada por el gobierno venezolano.
“La opinión emitida en su irresponsable escrito no es más que un acto de propaganda que sirve a los intereses golpistas de la ultraderecha venezolana, con los cuales interactuaron constantemente antes, durante y después de las referidas elecciones”, precisa un comunicado divulgado la noche del martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Representa un absoluto acto imprudente que mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica”, continuó el texto, que calificó a los integrantes del panel de "falsos expertos".
En el comunicado, la cancillería resalta que, durante su estadía en Venezuela, los miembros del panel “tuvieron frecuentes contactos directos, vía telefónica y a través de videoconferencias, con funcionarios del Departamento de EEUU”, algo que, según activistas de DDHH, podría sugerir que las comunicaciones de los expertos fueron vigiladas.
El gobierno venezolano dijo no tener dudas de que el informe preliminar del panel es producto de “instrucciones hostiles” emanadas del Departamento de Estado.
El CNE, que no ha publicado resultados desglosados y atribuye la demora a un supuesto hackeo del sistema, dio como ganador de los comicios al presidente Nicolás Maduro, pero la oposición insiste en que las copias de las actas que conservaron sus testigos, y han publicado en un sitio web, demuestran que la victoria fue del candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia con más del 67 % de los votos.
“No tienen palabra, son una basura sin palabra. Firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el secretario general de Naciones Unidas, pero hoy anuncian que lo harán público”, dijo el presidente del Parlamento venezolano de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, antes de la publicación del informe.
Rodríguez, también jefe del comando de campaña de Maduro, propuso reformar las leyes electorales para que, en adelante, “nunca más ningún extranjero” tome posición sobre los comicios del país.
Los resultados electorales causaron masivas protestas que, en algunos casos, terminaron en actos violentos. De acuerdo con el balance oficial, 25 personas murieron y al menos 2000 han sido detenidas, muchas acusadas de terrorismo.
El gobierno ha señalado a la líder opositora, María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, y a González Urrutia, de ser los responsables de promover violencia en el país, a través de los comanditos, una red ciudadana organizada por la oposición para custodiar los votos el 28 de julio.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), admitió un recurso interpuesto por Maduro para efectuar un peritaje y verificación de los resultados. Al respecto, el Panel de la ONU sostuvo que “no hay información detallada disponible” sobre cómo se llevará a cabo la evaluación.
La oposición ha dicho que el recurso no existe en el marco legal venezolano y ha cuestionado que el TSJ, considerado un apéndice del Poder Ejecutivo, se tome atribuciones del organismo electoral. El Centro Carter, que también desplegó una misión técnica para las elecciones, ha dicho que el organismo no puede ejecutar una verificación independiente.
Varios países, entre ellos Brasil, Colombia y México, que han adelantado esfuerzos diplomáticos para destrabar la crisis política en el país, se han pronunciado para pedir que el CNE publique los resultados de manera desglosada y transparente, y que puedan ser verificados de manera independiente.
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