Tres de los 33 hombres que permanecían privados de libertad desde la semana pasada tras una redada en un club privado frecuentado por miembros de la comunidad LGBTIQ+, por presuntamente participar en una supuesta “fiesta sexual”, fueron excarcelados bajo régimen de presentación el miércoles.
“Diez días después, finalmente podemos decir que los 33 han sido liberados. Desde este espacio seguimos exigiendo libertad plena para todos y justicia para los 33”, informó el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ en Twitter el miércoles por la noche.
Treinta de los hombres fueron excarcelados el miércoles de la semana pasada, también bajo régimen de presentación, luego de que se les imputó los delitos de “ultraje al pudor”, “agavillamiento” y “contaminación sónica”.
La detención ocurrió tras una “denuncia anónima”, en un club con saunas en Valencia, estado Carabobo, a unos 160 kilómetros al suroeste de Caracas.
El caso ha generado preocupación ante la posibilidad de que se incremente un “patrón de criminalización” contra miembros de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela, pues de acuerdo a expertos, el proceso fue “irregular”, no hubo delito alguno y ninguno de los tipos penales aplica en el caso.
Abogados y activistas de DDHH exigen libertad plena, la desestimación de los cargos, la anulación del proceso contra los 33 hombres y una investigación al fiscal y juez de la causa, así como una investigación contra funcionarios policiales involucrados en el caso.
Más de 130 organizaciones defensoras de DDHH venezolanas e internacionales, rechazaron la detención “arbitraria e irregular” de los 33 hombres y exigieron al Estado venezolano el cese de la “homofobia de Estado, la criminalización, hostigamiento y extorsión” a las personas LGBTIQ+.
En declaraciones concedidas esta semana a la televisora local, Televen, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab dijo que podría darse un “sobreseimiento” de la causa, una resolución dictada por un juez para suspender un proceso.
La semana pasada representantes de varias organizaciones acudieron ante el Ministerio Público. De acuerdo a la ONG Venezuela Igualitaria, tanto la directora de la Oficina de Derechos Humanos como la fiscal nacional en materia de diversidad, “argumentaron a favor de los delitos imputados” exponiendo que la precalificación del delito “obedecía a que los hechos atentaban contra la moral y las buenas costumbres, que no están bien vistas por la sociedad y que son los delitos que más se ajustan a los hechos”.
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