Las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una política de Estado en Venezuela, según expone el más reciente informe del Programa de Educación Acción para los Derechos Humanos (Provea), una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más antiguas del país.
Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, expuso que se trata de un fenómeno que se extiende por varias décadas y que tiene que ver con una violencia estructural de policías y militares, apuntalada por una impunidad, que ha venido en ascenso con el paso de los años y que no son hechos aislados.
“En los últimos años, pero principalmente a partir de 2015 estamos frente a una política de Estado, de un uso deliberado de la fuerza letal por parte de militares y policías que han privado de manera arbitraria la vida de miles de personas”, dijo durante la presentación de un informe sobre 25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.
Alvarado recordó que, en su informe de septiembre de 2020, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela establecida por la Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmó que esos delitos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
“Ratificamos que estamos frente a una situación en la cual en Venezuela las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad, constituyen una política dirigida contra una población determinada, particularmente contra jóvenes pobres en todo el territorio nacional”, añadió el defensor de derechos humanos.
Provea presentó una serie de recomendaciones, entre ellas el diseño de una política integral en materia de seguridad ciudadana y la adopción de medidas “inmediatas y decidida” para excluir la participación de militares en labores de seguridad ciudadana.
Además, en referencia al principio de complementariedad al que está obligado por el Estatuto de Roma, exhortó al Ministerio Público a adelantar “investigaciones prontas, exhaustivas y genuinas” que permitan sancionar a los autores materiales y las cadenas de mando de los asesinatos perpetrados por funcionarios policiales y militares que puedan constituir crímenes de lesa humanidad.
“Exhortamos al fiscal Tarek William Saab, debe investigarse, entre otros, a Nicolás Maduro Moros, quien aparece como responsable de buena parte de los operativos de seguridad que se han implementado, particularmente los Operativos de Liberación del Pueblo y la conducción de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)”, manifestó Alvarado.
Subregistro
Inti Rodríguez, investigador del informe anual de Provea, precisó que, según registros de la organización, entre 1996 y 2020, los cuerpos policiales y militares venezolanos cometieron 10.238 violaciones al derecho a la vida, de las cuales 7.893, es decir, el 77% ocurrieron bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales.
“Estas cifras, a pesar de que son alarmantes tienen un subregistro. Recordemos que la metodología que empleó Provea durante muchos años estaba basada en las denuncias de los familiares de las victimas y hay que resaltar que en muchas ocasiones los familiares de las victimas no se atreven a denunciar por temor”, explicó al destacar el ascenso de la opacidad oficial.
Además, Rodríguez expuso que existe una “consolidación de la concepción belicista, militarista” de la seguridad ciudadana, una situación que “genera graves riesgos para las garantías del derecho a la vida de personas que sean consideradas sospechosas”.
![De izquierda a derecha César Rincón, Manuel Parejo, Ronna Rísquez, Héctor Navarro y Mirla Páez; miembros de la red de periodistas e investigadores Monitor de Víctimas, el 27 de julio, en Caracas. [Foto: VOA/Adriana Núñez Rabascall]](https://gdb.voanews.com/dda20de3-23b3-446c-9a0d-15fb2fb32da6_w100_r1.jpg)
“La militarización de un elevado número de cuerpos policiales incorpora precisamente la visión del enemigo interno, aquí se desdibuja la diferencia que hay entre seguridad ciudadana y seguridad nacional”, puntualizó.
El fiscal Saab anunció el miércoles que, hasta noviembre, fueron imputados 820 funcionarios de seguridad por presuntas vulneraciones a los derechos humanos.
“Han sido acusados un total de 1.108 funcionarios y 158 particulares. Se ha logrado una importante cifra de 210 funcionarios policiales y militares condenados. Una cantidad importante”, señaló al presentar un balance en materia de DDHH.
El presidente Nicolás Maduro ha ratificado el compromiso del Estado venezolano con la defensa y la garantía de los derechos humanos de los pueblos.
“Trabajemos unidos por la dignidad y el respeto de todas y todos, sin excepciones”, escribió en su cuenta en Twitter el 10 de diciembre a propósito del día de los Derechos Humanos.
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