Activistas de derechos fundamentales dentro y fuera de Venezuela exigen la "inmediata" liberación de Javier Tarazona, un activista de DDHH y profesor universitario que el domingo cumplió dos años en prisión y que presenta varias condiciones médicas que “no han sido atendidas”.
“Tiene acceso limitado a luz solar y tiempos de sano esparcimiento, afectando su salud mental, experimentando ansiedad y depresión tras las rejas”, denunció en horas recientes el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
Diversas instancias internacionales, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU y Amnistía Internacional (AI) han expresado preocupación por la situación de Tarazona y han pedido su inmediata liberación.
“Tarek William Saab (fiscal general de Venezuela), libere inmediata e incondicionalmente al defensor de DDHH Javier Tarazona. Nunca debió estar preso”, escribió el domingo AI en Twitter.
Gonzalo Himiob, director-vicepresidente del Foro Penal, una organización que brinda asistencia pro bono a personas detenidas de manera arbitraria, recordó que el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), dispone que la prisión preventiva, caso en el que se encuentra Tarazona, no puede exceder del plazo de dos años.
“Nadie ha solicitado su prórroga excepcional. Debe ser liberado de inmediato”, insistió el lunes.
María Victoria Restrepo, miembro de Gritemos con Brío y la alianza Todos por la Educación, informó el lunes que varios activistas solicitaron al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, que se lleve a cabo una “investigación exhaustiva” de las violaciones de DDHH cometidas contra Tarazona, también director de FundaRedes, una organización de DDHH que investiga y documenta la actuación y presencia de grupos armados irregulares en zonas fronterizas del país.
Tarazona, de 40 años y quien reiteradamente ha denunciado que grupos irregulares colombianos operan en Venezuela con la anuencia del gobierno, se encuentra en una cárcel de los servicios de inteligencia sin que se registren avances en su juicio.
Clara Ramírez, directora interina de FundaRedes ha asegurado que se trata de un caso que visibiliza la criminalización contra la sociedad civil venezolana. Además, ha dicho que es un llamado de atención a miembros de otras organizaciones que, por denunciar violaciones y crímenes de lesa humanidad, se arriesgan a vivir la misma situación.
El activista, acusado de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo, según Ramírez, desde antes de su detención en julio del 2021, presenta un “comprometido estado de salud” que se ha ido agudizando en prisión.
Tarazona fue detenido el 2 de julio por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el estado Falcón, al oeste de Caracas, cuando acudió a la sede de la fiscalía para denunciar ser víctima de acoso y persecución por funcionarios de inteligencia.
Su hermano José Rafael Tarazona y el abogado Omar de Dios García, ambos activistas de FundaRedes, también resultaron detenidos, pero posteriormente excarcelados con medidas de presentación.
En su más reciente actualización oral ante el Consejo de DDHH de la ONU, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), afirmó que en el país “continúan produciéndose graves violaciones” a los derechos fundamentales, entre ellas la detención de personas consideradas opositoras y denunció el deterioro de salud de Tarazona.
Desde la detención de Tarazona, activistas en zonas fronterizas se muestran cautelosos al referirse públicamente al conflicto entre grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, donde, según Insight Crime, un centro de pensamiento que busca profundizar el debate sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en las Américas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene miembros en “40 municipios de ocho estados”.
De acuerdo al más reciente balance presentado por el Foro Penal, actualmente en Venezuela existen 286 presos políticos.
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