Si no fuera porque los nombres de los locales y los carteles están en portugués, Pacaraima podría parecer un pueblo de cualquier otro país de Latinoamérica, menos Brasil.
A las siete de la noche, la calle comercial Suapí está llena de vendedores ambulantes que anuncian, en español, sus productos: cigarrillos, Coca-Cola, comida enlatada. También hay madres que regañan a sus hijos, hombres que pelean por ganar la atención de una mujer y parlantes con salsa a todo volumen.
Hace unos años, antes de que los venezolanos trataran de ganarse un sustento en la vía comercial más importante del municipio, no era tan común escuchar otra cosa que no fuera el portugués a esas horas.
Antes, los vecinos fronterizos venían a Pacaraima nada más a abastecerse de productos básicos. Ahora, además de eso, también están los que se quieren quedar, explicó el alcalde de la ciudad, Juliano Toquato.
El flujo de migrantes aumentó la población de la pequeña ciudad en un 20% entre el 2016 y el 2018, dijo Toquato, quien tomó posesión hace dos años. Como consecuencia, agregó el líder político, el crimen, la prostitución y la insalubridad han aumentado en la pequeña ciudad fronteriza.
Los roces entre los locales y los venezolanos tocaron fondo hace una semana, cuando una multitud de brasileños se enfrentaron violentamente contra los migrantes, llegando incluso a quemar sus pertenencias.
La grieta que hizo que toda la ira y el recelo se desbordaran fue el robo con asalto a un comerciante de 55 años supuestamente por parte de venezolanos.
Jennifer Hernández, originaria de El Tigre, en Venezuela, estaba trabajando cerca de la estación de la policía federal cuando empezó a escuchar los gritos y la pólvora. Ella dijo que cuando escaló la violencia, los militares decidieron proteger a los venezolanos que, como ella, no estaban en el medio de la protesta.
“Los brasileños empezaron a gritarles [a los militares] que eran unos vende patria”, dijo Hernández, quien no sufrió personalmente ninguna lesión pero dice que ahora anda con más cuidado y trata de no volver tarde a su casa, un cuarto alquilado en el centro de la ciudad donde vive con su esposo y sus dos hijas.
A Endry Pérez, quien trabaja como vendedor ambulante al igual que Hernández, el día de los disturbios un local supuestamente casi lo arrolla con su coche. Él había ido al pueblo a asegurarse que su esposa no había salido a la calle a buscarlo.
“Yo fui rápido y me moví antes de que me pisara [el carro], pero una señora brasileña le dijo al conductor que ojalá me hubiera matado”, dijo Pérez.
Una semana después, los venezolanos que se quedaron dicen vivir con temor a que algo similar vuelva a suceder. Al ser una municipio con tan pocos habitantes, se cruzan en su día a día con las personas que hace una semanas les decían a gritos que se fueran.
“En el supermercado al que voy a comprar cosas todos los días trabaja un muchacho que estaba entre los que quemaron las cosas”, dijo Hernández, “cuando me ve, agacha la cabeza”.
Su pareja, Juan Renjifo, dice que no culpa a todos los locales por los que pasó y que así como hay gente buena, también hay personas malas. Al igual que su esposa, él también trabaja en la calle vendiendo Coca-Cola y dice que entiende que su actividad le moleste a algunos brasileños, porque compra mercancía del lado venezolano de la frontera, donde es más barata y la vende a un menor precio que en los establecimientos locales. “Estoy compitiendo con ellos que pagan por un alquiler, por empleados”.
El alcalde dice que el incidente es un caso aislado, ya que históricamente los venezolanos han sido muy bien atendidos en la ciudad. Sin embargo, afirma, hay muchos que vienen a robar y a cometer crímenes, ya que probablemente se dedicaban a la ilegalidad desde que vivían en el país bolivariano.
“No queremos cerrar la frontera para no perjudicar a los venezolanos honestos que vienen aquí, que son la mayoría”, afirma Toquato. El alcalde dice que una de las soluciones al problema sería que el gobierno federal tomara más responsabilidad por la movilización de los venezolanos hacia otras zonas del país, para que se pueda distribuir la carga.
El problema, al final, es que Pacaraima no tiene suficientes recursos para atenderlos a todos.
Un joven de 22 años que trabaja en la carretera principal cambiando monedas, pero que pidió permanecer en el anonimato porque la actividad que realiza es ilegal, está de acuerdo el alcalde. “Acá hay muy poca cosa en qué trabajar, acá el venezolano no consigue trabajo y si lo hace es por pura suerte”, dijo.
Sin embargo, afirma que la economía local depende de ellos, de los venezolanos, tanto de los migrantes como de los que viven en Santa Helena y pasan diariamente la frontera para abastecerse de productos que en Venezuela no se consiguen.
“Acá los comerciantes viven de los venezolanos”, afirmó.
En Pacaraima no hay una casa de cambio de moneda, lo que hace que la actividad de él y otros tantos cambistas irregulares sea indispensable en el pueblo fronterizo. La ciudad más cercana, Boa Vista, queda a unas tres horas de viaje, atravesando una carretera inhóspita donde solo hay tres puntos de parada, incluyendo restaurantes y bombas de gasolina, en trescientos kilómetros.
Un pasaje de autobús hasta la capital de Roraima cuesta unos 20 reales, lo que vale un salario mínimo en Venezuela, y la situación allí no es muy distinta, ya que también se trata de un municipio pequeño, con pocas oportunidades laborales.
Este es el centro de procesamiento que #Brasil estableció en #Pacaraima. Aquí se realiza el proceso de registro de… https://t.co/KsGjZsniWT
— Voz de América (@VOANoticias) 30.8.2018
Militares custodian punto fronterizo en #Pacaraima, #Brasil. En esta zona se encuentra el Centro para Refugiados de… https://t.co/m5KB6IsLTB
— Voz de América (@VOANoticias) 30.8.2018
Roraima es el estado con menor población de Brasil y es el que más cantidad de venezolanos acoge. Esto se debe exclusivamente a su posición geográfica, ya que limita al norte con el país latinoamericano. La llegada de migrantes ha traído numerosos problemas al sistema de servicios públicos de Roraima, los hospitales están colapsados, han resurgido enfermedades que estaban erradicadas, no alcanza el presupuesto educativo.
Para Frederico Linhares, el jefe de la Casa Civil del gobierno de Roraima, la solución al problema por el que está pasando su estado es la redistribución de los migrantes a otras partes de Brasil, el país más grande de Suramérica tanto en territorio como en población.
En entrevista con La Voz de América, Linhares hace una radiografía del asunto y nos da su visión sobre lo que sería un futuro mejor para venezolanos y brasileños.
VOA: ¿Cómo ha afectado a Roraima la llegada los migrantes venezolanos?
Linhares: la llegada de nuestros hermanos venezolanos ha impactado, en especial, a la salud porque nuestros son limitados. Nuestra población ha aumentado en un 10% con la llegada de los migrantes y eso se ha vuelto un problema de financiamiento; no hay mucha ayuda del gobierno federal y de otros estados para recibir a estos inmigrantes de modo que podamos dividir esta responsabilidad.
VOA: Roraima es un estado fronterizo, ¿cómo se vivía antes la relación con Venezuela?
Linhares: acá estamos muy impactados con la gran cantidad de personas que ha llegado, no es un realidad nuestra porque nuestra relación con Venezuela siempre fue cercana y nunca imaginábamos que esto podría suceder con ellos. Es muy difícil para el brasileño que vive en Roraima ver a gente durmiendo en las calles, es muy triste para nosotros tener que convivir y ver personas en esta situación.
VOA: ¿A qué problemas de salud se ha enfrentado el estado?
Linhares: acá solo tenemos dos grandes hospitales: uno general y uno de maternidad y son insuficientes para la demanda. Las personas que están llegando de Venezuela vienen en un estado de salud frágil; hay una crisis alimentaria en el país, son personas que llegan acá desnutridas en muchas ocasiones y las mujeres embarazadas no han tenido acompañamiento médico [durante el embarazo]. También hay un problema de vacunas porque muchos de los inmigrantes no están con las vacunas al día, especialmente de enfermedades que Brasil ya había erradicado como el sarampión y de la que ahora existe una epidemia en el país. Otro gran problema es la falta de insumos, especialmente medicamentos e insumos hospitalarios.
VOA: ¿Y en temas educación, teniendo en cuenta que entre los migrantes hay muchas familias y que el país les garantiza acceso a colegios y escuelas?
Linhares: ya tenemos casi 2 mil niños venezolanos matriculados en nuestras escuelas estatales, además de los 70 mil brasileños que ya estaban en la red. Cada niño venezolano cuesta por año como 5.000 reales (1.200 dólares) al estado, ya que no solo el servicio educativo como tal es gratuito sino también el transporte, los uniformes, los útiles escolares.
VOA: ¿De dónde vienen los fondos para hacer con el influjo de migrantes? ¿Tienen suficientes?
Linhares: para financiarnos, necesitamos de aportes del gobierno federal. Roraima ha pedido diversas veces al gobierno federal que enviase recursos extras para poder atender a los migrantes de forma humana y tristemente no nos han enviado ninguna ayuda financiera. Los recursos que vienen para Roraima del gobierno federal no han aumentado con la crisis venezolana. El estado de Roraima ha interpuesto una acción judicial en el tribunal supremo federal para obligar al gobierno federal a compartir los costes financieros de la crisis migratoria venezolana, una cantidad en torno a los 200 millones de reales [50 millones de dólares].
VOA: ¿Siente que debería haber un control en la frontera?
Linhares: sí, necesitamos saber quiénes son los que están ingresando en el territorio nacional con la presentación de un mínimo de documentos para conocer los antecedentes penales; tiene que haber una vacunación para los migrantes. Sin embargo, creemos que la principal solución es repartir a los migrantes en el territorio nacional de Brasil; es lo que va a resolver esta situación a largo plazo. Necesitamos la solidaridad de los otros estados porque Roraima sola no consigue enfrentar este problema.
VOA: ¿Qué medidas está tomando el gobierno federal entonces?
Linhares: el gobierno federal está haciendo el proceso de interiorización, pero es muy lento. Hoy,en Boa Vista, hay doce refugios para migrantes y hay una proyección para construir diez más. ¿Por qué no abrir un refugio en cada estado brasileño? Así, ningún estado estaría colapsado por la migración y podríamos absorber más inmigrantes.
Por ahora, el gobierno local de Roraima ha pedido al federal 50 millones de dólares para mitigar el impacto del flu… https://t.co/xp1NjGSAaj
— Voz de América (@VOANoticias) 31.8.2018
Él es Richard Maita, venezolano refugiado en albergue Rondon 1 en #BoaVista, en #Brasil, y esta es su "unidad", la… https://t.co/BTVahma1CZ
— Voz de América (@VOANoticias) 1.9.2018