Venezuela cuestionó las acusaciones contra el grupo de empresarios que provee alimentos a un programa creado por el presidente Nicolás Maduro ante la escasez, al considerarlas un "atropello" y un "intento de obstaculizar" los esfuerzos con lo que el gobierno dice busca superar la crisis.
El programa CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), mediante el cual se venden alimentos subsidiados a los venezolanos, ha estado bajo investigación por denuncias de corrupción y especulación.
En México, el gobierno ordenó el jueves a un grupo de empresas y personas acusadas de especular con la venta de alimentos al gobierno de Venezuela a pagar 3 millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En rueda de prensa, la Procuraduría General de México detalló que los involucrados buscaban “adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos” en Venezuela. Además de que los productos que venden son de mala calidad, exportados con sobreprecio y revendidos con hasta 112% mayor al costo real.
"Consideramos este atropello contra empresarios mexicanos uno más de los múltiples intentos de obstaculizar los denodados esfuerzos del gobierno bolivariano para derrotar la guerra económica contra nuestro pueblo", según un comunicado que el canciller venezolano, Jorge Arreaza, subió la noche del viernes a su cuenta de Twitter.
"Venezuela repudia toda acción que directa o indirectamente persiga justificar el aumento de las medidas unilaterales y coercitivas contra nuestra economía, y en provocar un caos en nuestro país sobre la base de negarle a la población venezolana el acceso a alimentos, medicinas y bienes básicos", agregó.
Maduro lanzó en 2016 el programa CLAP, pero analistas y opositores aseguran ha sido utilizado como un mecanismo de control social, pues la población beneficiaria tiene que registrarse y cumplir con cierto requisitos.
Una gran parte de los alimentos y productos que son embalados en cajas, con los logos del CLAP, provienen de México.
El programa CLAP se ha convertido en una frágil vía de supervivencia para millones de venezolanos que sufren debido a que los supermercados tienen los anaqueles vacíos y a una tasa de inflación anual que el Fondo Monetario Internacional calcula que pronto alcanzará el millón por ciento.
Ya ha habido quejas sobre la calidad de los alimentos que provienen de México. Un estudio reveló que la leche en polvo que se distribuye en estas cajas, por lo regular, contiene una tercera parte del nivel de proteína que exige el gobierno y el doble del nivel de los carbohidratos recomendados.
A raíz de la medida adoptada por las autoridades mexicanas, las empresas también se comprometieron a no realizar nuevas transacciones comerciales directa o indirectamente con el gobierno venezolano.
No es la primera vez
Funcionarios del departamento del Tesoro de Estados Unidos habían conformado una lista de supuestas empresas fantasma que altos funcionarios venezolanos habrían utilizado para desviar millones de dólares de los contratos por importación de alimentos.
Investigadores financieros de Estados Unidos y otros tres aliados conservadores de América Latina —México, Panamá y Colombia— rastrearon las transacciones realizadas por compañías que se cree están bajo control de empresarios relacionados al gobierno.
El departamento del Tesoro calcula que al menos el 70% del programa CLAP está sumido en la corrupción, citando evidencia de cobros excesivos.
El 17 de mayo de este año, tres días antes de que Maduro fuera reelecto, Colombia anunció la incautación de 15 contenedores con más de 25.000 cajas del CLAP, en las que el arroz se encontraba infestado de insectos y otros alimentos también estaban descompuestos.
En ese momento, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que Maduro utilizaba la distribución de alimentos a través del Clap con fines electorales.
Con información de Reuters y AP
