Las denuncias por presunta corrupción en el manejo de activos de Venezuela en el extranjero ya han dañado la valoración pública del gobierno interino opositor de Juan Guaidó, pero aún está por verse si su magnitud es suficiente para provocar su implosión, opinan expertos.
Al menos 50 gobiernos del mundo reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela desde 2019, cuando juró como tal con el apoyo del Parlamento de entonces, de mayoría opositora. La oposición argumentó que Nicolás Maduro se había reelegido un año antes en unas elecciones fraudulentas y que usurpaba el cargo. El sucesor de Hugo Chávez, sin embargo, mantiene el control territorial y de facto de las instituciones, incluido el mando sobre las fuerzas armadas.
El gobierno interino de Guaidó, que controla los activos de Venezuela en los países que lo reconocen como mandatario, Colombia y Estados Unidos entre ellos, enfrenta su peor crisis en sus dos años y medio de historia, mientras encuestadoras privadas sitúan sus niveles de apoyo popular en 20% o menos.
La intervención de la empresa venezolana Monómeros, en Colombia, y la posible apertura de venta de acciones a partir de 2022 de Citgo, en Estados Unidos, han generado críticas sobre el manejo de activos en el extranjero de parte de funcionarios apoyados en su momento por el gobierno interino.
El caso Monómeros, en particular, ha generado una diatriba pública entre dirigentes de dos de los principales partidos de la oposición, Primero Justicia y Voluntad Popular, donde Guaidó militó hasta el año pasado. Como colofón, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela criticó la opacidad en el manejo de bienes de la república de parte del gobierno de Guaidó.
Piero Trepiccione, politólogo y coordinador regional del Centro Gumilla, opina que la actual crisis del gobierno interino “es una crónica de un escándalo anunciado” por voces internas y externas de la oposición que, desde hace tiempo, denunciaban el manejo poco transparente de las empresas estatales.
Subraya que esas críticas se han intensificado en el marco de las negociaciones con el gobierno de Maduro en Ciudad de México y en las vísperas de las elecciones regionales del 21 de noviembre, a las que la oposición acude dividida en al menos nueve de los 23 estados de Venezuela y con un grupo considerable de dirigentes y diputados que se ha negado a participar en las votaciones.
“Ese escándalo va a tener una mayor caja de resonancia para perjudicar al gobierno interino, cuyo apoyo está en niveles completamente marginales. Pudiera afectar ahorita el apoyo de la comunidad internacional. No me extrañaría nada que, ante la falta de claridad y transparencia, algunos gobiernos comiencen a marcar distancia y a romper esa relación de apoyo que venían dándole al interinato”, advierte en entrevista con la Voz de América.
¿Imposible posible?
Trepiccione estima que las denuncias podrían generar “una implosión” del despacho de Guaidó de acuerdo con la magnitud real del escándalo y la respuesta del interinato, que presentó este martes un plan de reestructuración del manejo de Monómeros y reivindicó su administración honesta.
“Vamos a actuar con transparencia, de cara al pueblo de Venezuela, de cara a proteger a los venezolanos (…) y aprovechando las instituciones sólidas que existen en el país hermano (Colombia), aprovechando las instituciones que existen para salvaguardar, para proveer y ver, la rendición de cuenta a los venezolanos”, afirmó Guaidó en una reunión legislativa.
Oswaldo Ramírez, consultor en riesgo político y director de la firma ORC Consultores, duda que el caso Monómeros sea un “indicativo” de que el gobierno interino de Guaidó esté llegando a su fin, sino que lo ve más como una señal de que las fisuras opositoras “pueden convertirse en grietas”.
“Estos escándalos son la punta del iceberg de algunos problemas que se vienen arrastrando allí desde hace algún tiempo. Probablemente, tiene que ver más con los pesos, contrapesos y acciones de los partidos que hacen vida allí”, comenta a la VOA, en referencia a las cuatro organizaciones principales de la oposición.
Según un estatuto aprobado por el Parlamento electo en 2015, el gobierno interino de Guaidó tiene vigencia hasta el 5 de enero de 2022. A juicio de Ramírez, las críticas al interinato sobre el manejo de activos en el extranjero pueden ser “parte de la amenaza” de su eventual culminación, mas no “la amenaza real” de que efectivamente se desmontará, al menos por ahora.
El politólogo José Vicente Carrasquero valora que esas denuncias contra el gobierno interino minan su imagen y afectan la confianza de la gente en él. Es importante, dice, que por ello haya investigaciones serias que determinen responsabilidades y sanciones políticas y hasta penales en las denuncias.
“La continuidad del gobierno interino está amenazada desde distintos flancos. Hay sectores de la oposición que piensan que el gobierno interino debe cesar sus funciones el 5 de enero de 2022. Hay quienes están denunciando este tipo de situaciones para también provocar de alguna manera que eso se dé cuanto antes. En todo caso, estamos en una situación bastante endeble para el gobierno interino, que está siendo atacado desde distintos flancos”, afirma a la VOA.
Acota, sin embargo, que su consumación debe materializarse cuando haya una solución política a la crisis de legitimidad de la presidencia de Maduro. “Si eso no se resuelve, debiera seguir adelante. Esto es una situación política que requiere que las cosas se hagan con suficiente criterio”, observa.
Ramírez y Trepiccione, por su parte, opinan que el posible desmontaje de la figura del gobierno interino opositor está más atado a las negociaciones de México y los resultados electorales del 21 de noviembre que a estos escándalos.
“Sin duda alguna, en las elecciones habrá una recomposición del peso proporcional del liderazgo opositor en el país y surgirán probablemente un mea culpa y un relanzamiento con otros rostros, otros actores y protagonistas al frente de la oposición y otro esquema de organización”, concluye Trepiccione.
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