La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al gobierno de Nicolás Maduro a garantizar y respetar los derechos a la alimentación y a la salud de los venezolanos, señalando la crisis por la que atraviesa esa nación petrolera.
“Venezuela viene atravesando una crisis económica y social marcada por un contexto de escasez y de desabastecimiento de alimentos y de medicamentos que se estaría incrementado de modo alarmante”, señaló en un comunicado la Comisión, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.
La CIDH dijo que la situación afecta en particular a las personas, grupos y colectivos en mayor situación de vulnerabilidad y de pobreza, “resultando especialmente grave para niños y niñas, mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas privadas de libertad, y personas mayores”.
La Comisión se refirió al más reciente informe sobre seguridad alimentaria y nutricional elaborado por la ONU en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, que ha verificado un aumento de 1,3 millones de personas subalimentadas en Venezuela para el periodo 2014/2016, es decir un 3,9% adicional al trienio anterior. Dicha estimación corresponde a la cantidad de población que no estaría cumpliendo con los requerimientos nutricionales mínimos para llevar una vida saludable y activa.
“Todo este contexto estaría produciendo desesperación en la población que ha salido a manifestarse en diferentes ocasiones, en algunas de ellas tomando por la fuerza productos de establecimientos comerciales y unidades de carga que transportan alimentos”, dice la Comisión en el comunicado.
Como resultando lamentable, entre el 31 de diciembre de 2017 y el 9 de enero 2018 han sido reportadas tres muertes debido al enfrentamiento y la violencia entre personas tratando de conseguir alimentos y personal de seguridad.
La CIDH subraya en el comunicado que Venezuela tiene obligaciones específicas respecto de los derechos a la alimentación y a la salud que provienen tanto de la Declaración Americana de Derechos Humanos como de su propia Constitución y marco legal.
“Los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han establecido que la salud y la alimentación debe también entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal, lo cual implica obligaciones para los Estados de adoptar medidas para el ejercicio de tales derechos”, dice la Comisión.
