Luego de siete meses de retraso comenzó el juicio contra 10 oficiales acusados de intentar rebelarse contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Los militares fueron detenidos entre abril y mayo de 2014 y acusados el 20 de agosto pasado por los delitos de instigación a rebelión y delitos contra el decoro militar.
Uno de ellos es el general de la Aviación, Oswaldo Hernández,, señalado hace dos semanas por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y por el alcalde del municipio Libertador ,Jorge Rodríguez, de estar vinculado con el diputado opositor Julio Borges en el supuesto golpe de Estado contra Maduro.
Otro de los militares, el capitán de corbeta de la Armada, José Moreno Mora, admitió durante el primer día de juicio haber participado en un plan. Fue condenado a tres años y once meses de prisión.
El mismo Maduro denunció el supuesto plan el 12 de febrero.
Los otros ocho oficiales son los mayores César Orta Santamaría, Víctor José Ascanio, y los capitanes Neri Córdova, Andrés Thomas Martínez y Laired Salazar, todos militares de la Aviación Militar.
También están siendo enjuiciados los oficiales retirados José Gregorio Delgado, coronel del Ejército, Ruperto Chiquinquirá, teniente coronel de la Aviación y el capitán de la Guardia Nacional, Juan Carlos Nieto Quintero.
Para juzgarlos se constituyó un Consejo de Guerra Accidental, aun cuando en Caracas, donde inició el juicio, existe un Consejo de Guerra Permanente
Alonso Medina, defensor de Hernández y de Nieto, dijo a la Voz de América que hay irregularidades en el juicio.
El defensor denunció la violación del principio del juez natural "porque se creó un tribunal para llevar el juicio cuando en Caracas existe el Consejo de Guerra Permanente".
"Además se viola la imparcialidad del juicio, porque al crearse un tribunal cuando ya el proceso judicial ha comenzado, se presume que este tribunal esté parcializado", agregó Medina.
Para el defensor de los militares, “luego del retardo procesal en el que incurrió el tribunal, todo hace presumir que ahora quieren realizar un juicio express, a pesar de hay carencia de elementos técnicos necesarios para configurar el delito de instigación a la rebelión y contra el decoro militar”.
Las penas de cárcel previstas para estos delitos son de cinco a 10 años en el caso de instigación a la rebelión y de seis a 10 años por el delito contra el decoro militar.
