El líder opositor, Henrique Capriles, candidato en la elección primaria presidencial opositora, rechazó las acusaciones del diputado y hombre clave del gobierno, Diosdado Cabello, quien lo acusó de, junto a su partido, Primero Justicia (PJ), querer negociar su habilitación política a cambio de la devolución al gobierno del presidente Nicolás Maduro del control de Citgo, filial de Petróleo de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos.
“Esa es una falsedad, eso es una patraña, eso es basura”, dijo el jueves por la tarde en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.
Esta semana Cabello aseguró que el PJ “cree que con Citgo van a negociar la habilitación de Capriles”. “No le importa más nada sino su propia habilitación, no le importa Citgo, esa es la verdad”, aseguró el lunes en conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Capriles, quien fue inhabilitado políticamente por 15 años en 2017 por la Contraloría General controlada por el oficialismo, cuestionó que “haya gente que se deje llevar” por los comentarios del dirigente chavista.
“Eso sí preocupa, pero aquí estamos para desmentirlo, aquí no estamos en un proceso de transacción, cámbiame esto por aquello”, manifestó. "De eso es precisamente lo que está asqueada la gente del sector político del país".
Las declaraciones del dos veces candidato presidencial opositor venezolano surgen luego de que Yon Goicoechea, dirigente opositor en el exilio y miembro de Voluntad Popular (VP) el partido de Leopoldo López, aseguró que existe una propuesta de un grupo opositor para anular el Parlamento de 2015 y entregar al gobierno venezolano los activos en el extranjero a cambio de “negociaciones personales”.
Goicoechea sostiene que, una de las consecuencias de la eliminación del Parlamento de 2015, sería el control del gobierno sobre Citgo y la “consecuente pérdida de la empresa en manos de acreedores”, el acceso del Banco Central de Venezuela (BCV) controlado por el gobierno a miles de millones de dólares en disputa en el Reino Unido, la recuperación del gobierno de bienes de la embajada y consulados en EEUU, así como la recuperación de la “dictadura” de las posiciones en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros similares.
Protección de Citgo
Capriles insistió en la necesidad de proteger Citgo, la séptima mayor refinería en EEUU, que acreedores intentan embargar para saldar deudas pendientes del Estado venezolano y que se encuentra protegida hasta el próximo 20 de julio por una licencia de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro.
A inicios de este mes, el Tesoro autorizó a la AN de 2015 llevar a cabo las gestiones necesarias para acuerdos de conciliación de deuda del gobierno o de PDVSA y autoriza a personas o entidades designadas por el parlamento opositor a liderar las negociaciones de deuda. Además, no autoriza cualquier transacción que involucre al Parlamento de mayoría oficialista electo en 2020.
“A Citgo hay que protegerla y si al gobierno le preocupa Citgo, lo que debería estar discutiendo en este momento es cómo protegemos Citgo, cómo evitamos que se pierda Citgo”, manifestó Capriles.
Capriles exhortó a EEUU a continuar protegiendo Citgo, si quieren ayudar a recuperar la economía venezolana.
En días recientes, el presidente Nicolás Maduro ha insistido en que el dueño de las acciones de Citgo es PDVSA y ha acusado a la oposición de estar detrás del “robo” de la “súper” empresa, cotizada, según dijo, en unos 13.000 millones de dólares y con más de 10 mil estaciones de gasolina en EEUU.
“No podemos aceptar que sea saqueada, que sea robada, que Venezuela sea despojada de uno de sus activos sencillamente por el filibusterismo imperial, que impone reglas de juego que van más allá del derecho internacional. Que secuestra a una empresa porque está en su propio territorio y que ahora pretende saquearla, robarla y entregarla en manos de esta oposición de extrema derecha”, aseguró a inicios de mayo en su programa de televisión de los lunes Con Maduro+.
Citgo se dividió de la petrolera estatal venezolana PDVSA en 2019 por orden de la Asamblea Nacional de 2015, luego de que EEUU impuso sanciones contra el gobierno de EEUU.
Washington ha reconocido desde 2019 al Congreso liderado por la oposición como la entidad que controla la filial de refinación, extendiendo la protección para evitar su división en manos de los acreedores de Venezuela.
El Parlamento de mayoría opositora de 2015 que, en enero, por tercera vez consecutiva, extendió su mandato, decidió disolver al gobierno interino presidido por Juan Guaidó y dejar en el ejercicio de funciones al Consejo de Administración y Protección de Activos.
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