La orden presidencial sobre Venezuela se enfoca en varias personas especificas involucradas en o responsables por la erosión de las garantías de los derechos humanos en ese país.
A ellos se les acusa de perseguir a oponentes políticos, restringir la libertad de prensa, usar la violencia y violar los derechos humanos y abusar en respuesta a las protestas contra el gobierno.
Varios de los señalados tienen o han tenido que ver con el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Guardia Nacional, pero la lista también incluye a una fiscal acusada de implantar como pruebas correos falsos de los detenidos.
El presidente Obama impuso sanciones a los siguientes siete individuos indicados en el anexo de la orden presidencial:
· Antonio José Benavides Torres: Comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y ex director de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela, a quien acusa de estar involucrado en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un abuso serio o violación a los derechos humanos, incluidos aquellos contra personas involucradas en protestas antigubernamentales a partir de febrero de 2014.
· Gustavo Enrique González López: Director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y presidente del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), bajo cuya dirección ha tenido un papel importante en las acciones represivas en contra de la población civil durante las protestas en Venezuela, incluyendo detenciones extrajudiciales en Venezuela.
· Justo José Noguera Pietri: Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), una entidad propiedad del estado, y ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela que tuvo que ver en la represión de manifestantes y periodistas.
· Katherine Nayarith Haringhton Padron: fiscal de nivel nacional del 20.ª oficina de distrito del ministro público de Venezuela, quien ha acusado a varios miembros de la oposición, incluido a la exdiputada de la asamblea nacional, María Corina Machado, y, al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma Díaz, con el crimen de conspiración relacionado, basada en correos electrónicos fraudulentos.
· Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Actual Director de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, una entidad cuyos miembros se han comprometido en actos significativos de violencia o conductas represivas en contra de manifestantes y periodistas pacíficos en varias ciudades de Venezuela, lo que incluyó disparos de municiones reales.
· Manuel Gregorio Bernal Martínez : Jefe de la 31.ª Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana de Venezuela y ex director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela, por la implicación de ese servicio en los hechos del 12 de febrero de 2014, cuando los oficiales dispararon sus armas en contra de los manifestantes, y mataron a dos individuos cerca de la oficina del fiscal general.
· Miguel Alcides Vivas Landino: Inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela y ex comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región de los Andes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, responsable o cómplice participar en forma directa o indirecta, en actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso serio o violación de los derechos humanos.
