Activistas de derechos fundamentales en Venezuela recibieron con beneplácito muchos de los planteamientos que la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet mencionó durante la actualización oral de su informe oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, pero otros consideran que varios de ellos son “inaceptables”.
Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción para los Derechos Humanos (PROVEA), una de las ONG más antiguas del país, aseguró que el monitoreo cercano de organismos internacionales es el “principal muro de contención” contra el aumento del autoritarismo.
“Por eso vamos a pedir a las instancias internacionales seguir realizando estos trabajos sobre nuestro país y para el Consejo de Naciones Unidas vamos a solicitar en el próximo mes de septiembre que se renueve el mandato para que la Misión de Determinación de Hechos pueda continuar trabajando sobre Venezuela”, manifestó.
Para Delsa Solórzano, defensora de derechos humanos y diputada del Parlamento de 2015, “no es alentador” que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro lleve a cabo una supuesta reforma del sistema judicial, porque solo pretende “eludir” la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI).
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo el jueves, que han evidenciado, por parte del Estado “pasos prometedores” que “abren oportunidades para la implementación de recomendaciones de derechos humanos”, entre ellos la reforma al sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional.
Solórzano recordó que la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU, recientemente expuso que en el país “no hay justicia” y que no existe separación de poderes.
“Por lo menos sea coherente con otro órgano que también depende del Consejo de Derechos Humanos (…) no se puede ser alcahuete de dictadores y de violadores de derechos humanos, por esa relativización que hay hoy de ciertos aspectos, está ocurriendo una masacre contra el pueblo ucraniano, no sigamos volteando la cara para otro lado frente a las dictaduras”, manifestó.
Sin embargo, a juicio de Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, detrás del lenguaje diplomático se hace un manejo “hábil” de los discursos gubernamentales.
“Las alusiones a las reformas en el sistema penitenciario, sobre todo en el caso del sistema de justicia hasta hora no han sido más que eso, promesas. Eso es lo que dice el discurso, en el sentido de que ojalá se cumpla y lo hace en un sentido muy diplomático”, considera.
“Dice que la reforma de justicia es prometedora, pero por otro lado señala los casos donde ese sistema de justicia se sigue comportando de la misma manera”, agrega.
Daniels cuestionó que Bachelet haya hecho alusión a las violaciones de derechos humanos “del pasado”, porque se trata de una situación “del presente”.
Respecto al hecho de que Bachelet haya expresado especial preocupación por el enjuiciamiento del activista de derechos fundamentales Javier Tarazona, director de Funda Redes, una organización que ha denunciado que los grupos irregulares colombianos actúan en territorio venezolano con la anuencia del gobierno, Daniels coincide con otros defensores de derechos fundamentales en considerarlo “un acto de justicia”.
“Está detenido de manera injusta, de manera arbitraria, es uno de los casos donde se le impuso un defensor de oficio a pesar de que los abogados estaban afuera del tribunal esperando entrar, es una evidencia de un caso de violación del debido proceso y de una detención que no tiene ninguna justificación”, subraya.
El experto en derecho internacional humanitario insiste en que, aunque haya quienes consideren el discurso “muy diplomático”, “en realidad está circunscribiendo la realidad venezolana de una manera bastante certera” porque define los supuestos cambios como algo “prometedor, porque no se han concretado”.
En noviembre, la fiscalía de la CPI decidió abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento, basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, dijo tomar nota de las “preocupaciones expresadas” por Bachelet, aunque consideró que “no se ajustan a la realidad”.
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