Venezuela no consiguió la reelección como país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para el período 2023-2025, después de una votación directa y secreta de los 193 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU.
Chile, Costa Rica y Venezuela eran los países candidatos por América Latina y el Caribe para obtener dos vacantes en el Consejo de DDHH, integrado por 47 países. Chile obtuvo 144 votos, Costa Rica 134 y Venezuela 88, la mayoría requerida eran 97 votos.
“En tres de los cinco grupos regionales no hay competencia para ocupar los asientos a llenar. Las listas regionales donde existe la misma cantidad de candidatos que de vacantes permiten que los candidatos puedan obtener un lugar en el consejo con independencia de si lo merecen o no”, explicó Human Right Watch (HRW).
Argelia, Marruecos, Sudáfrica y Sudán eran los Estados africanos candidatos para ocupar cuatro asientos, en ese caso ya contaban con la aprobación; al igual que Bélgica y Alemania por Europa Occidental y otros Estados y Georgia y Rumania por Europa del Este. Bangladesh, Maldivas, Vietnam y Kirguistán obtuvieron los cuatro escaños por Asia y los Estados del Pacífico.
La semana pasada HRW divulgó un comunicado en el que se había pronunciado en contra de la reelección de Venezuela debido a “su terrible récord en derechos humanos y los posibles crímenes de lesa humanidad” que se cometen en el país.
El texto expone la opinión del director para la ONU de HRW, Lous Charbonneau, quien aseguró que “la brutal arremetida contra opositores en Venezuela hace que el país no tenga credenciales para pertenecer al máximo órgano de DDHH de la ONU” y que darle un lugar al gobierno que calificó de “abusivo”, equivaldría a premiar a las autoridades venezolanas permitiéndoles juzgar la situación de DDHH de otros países cuando Venezuela “trata brutalmente a su población”.
Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Right Watch, calificó como “una buena noticia” que Venezuela haya quedado excluida del Consejo de DDHH de la ONU y lo evalúa como un “merecido resultado para un gobierno implicado en crímenes contra la humanidad”.
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en Venezuela, dijo a la Voz de América que el gobierno venezolano, investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad, no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos fundamentales.
Candidata pese a señalamientos por "crímenes de lesa humanidad"
Para Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, una ONG que trabaja por la protección y seguridad integral de las personas defensoras, la institucionalidad y la justicia, la votación en la ONU demuestra que el discurso de Venezuela sobre la cooperación con instancias internacionales de DDHH “no es creíble”.
“La comunidad internacional está consciente de cómo en Venezuela se siguen vulnerando los derechos humanos, cómo Venezuela no es un país que debería ser miembro de un órgano tan importante como el Consejo de DDHH”, agregó la abogada y miembro del Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Consultada por VOA sobre los motivos por los que un país señalado por presuntos crímenes de lesa humanidad puede formar parte del Consejo de DDHH, Romero explica que los reglamentos por los que se rige el organismo establecen que cualquiera de los 193 Estados miembros puede formar parte del Consejo bajo la modalidad de representación por regiones.
“Aquí pueden jugar muchos factores, estrategias políticas, muchas veces la falta de postulación de otros candidatos para las vacantes que existe”, precisa.
Romero no pone en duda además que los informes y conclusiones elaborados por instancias internacionales defensoras de derechos fundamentales han servido para evidenciar la “falta de un compromiso real” del Estado venezolano de dar cumplimiento a las obligaciones en materia de derechos humanos.
Respecto a las gestiones de organizaciones para evitar que países señalados de violar los DDHH pertenezcan al Consejo, Romero se refirió a la suspensión de la membresía de Rusia del Consejo de DDHH, tras la invasión a Ucrania y comparte la opinión de que deben existir mecanismos para evitar que Estados que no tienen buen historial en materia de cumplimiento de obligaciones de DDHH, puedan ocupar un escaño.
Sin embargo, reitera que hasta el momento, la representación se elige por la votación de los Estados miembros de la Asamblea General, con representación geográfica.
El gobierno venezolano obtuvo un asiento en el Consejo de DDHH en 2019, año en el que Juan Guaidó fue proclamado como presidente interino de Venezuela y fue reconocido por decenas de países, tras argumentar que el proceso electoral en el que en 2018 el presidente Nicolás Maduro obtuvo la reelección, fue “fraudulento”.
En ese entonces, recuerda Romero, había dos candidatos y el tercer candidato se postuló, pero ya era tarde para llevar a cabo “el trabajo diplomático y de lobby”.
La semana pasada, con 19 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones, el Consejo de DDHH de la ONU aprobó una resolución que extiende por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), que ha determinado que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.
El proyecto de resolución fue rechazado por Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de DDHH de la ONU y advirtió que “entorpecerá las relaciones de cooperación y asistencia técnica” del gobierno con la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU (ACNUDH).
El más reciente informe de la FFM fue presentado el mes pasado y concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron “crímenes de lesa humanidad” y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia.
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