A pesar de las críticas de padres y docentes del sistema de educación pública, las clases en la educación primaria, secundaria y universitaria se reinician presencialmente en Venezuela a partir de este lunes, de manera “progresiva y alterna”.
Aunque el Gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció que desde el 1 de noviembre se levanta temporalmente el esquema 7+7, que consta de 7 días de flexibilización, seguidos de 7 días de cuarentena radical, el modelo se continuará aplicando en el sistema educativo para garantizar la atención de al menos 8.763.066 estudiantes.
Muchas instituciones han explicado a los padres y representantes que, según lineamientos de las Zonas Educativas, implementarán un modelo educación híbrida: una semana será de actividades semipresenciales, mientras que la siguiente continuarán a distancia.
Dirigentes sindicales del sector educativo coinciden en asegurar que, actualmente “no existen condiciones” para volver a las aulas, entre otras cosas por los bajos salarios que perciben los docentes (no superan los 15 dólares mensuales), el evidente deterioro de la mayoría de las instituciones educativas públicas y el incremento de casos de COVID-19.
Para Griselda Sánchez, coordinadora nacional de Trabajadores del Sector Educativo, el regreso a clases es un “crimen” y pone en riesgo la vida del personal docente, administrativo, obrero y, en general, de toda la comunidad.
“Lo que está haciendo Nicolás Maduro es un crimen porque sabe perfectamente que no tenemos HCM (seguro médico), que nuestros abuelos no tienen HCM, que los hospitales se caen, que como están las escuelas están los hospitales de Venezuela, que no se ha vacunado como él dice el 80% de la población, esos no son los números reales”, subrayó.
Desigualdades
Muchos padres con escasos recursos como Katiuska, habitante de Catia, una zona popular del oeste de Caracas, se muestran renuentes a enviar a sus hijos a clases por considerar que las condiciones no están dadas.
En conversación con Voz de América, Katiuska dice que prefiere que sus hijas de 9 y 5 años continúen con la educación a distancia porque la escuela está “cayéndose”, hay filtraciones, no hay servicio permanente de agua ni artículos para garantizar la bioseguridad.
“Nos piden llevar cloro, alcohol y otras cosas para que puedan limpiar. Pero, además, yo no tengo tiempo para buscarlas porque trabajo y mi esposo tampoco puede. Voy a tratar de llevarlas porque cada una va a ir sólo un día a la semana, porque dividieron a los niños por grupos y sé que en la casa no aprenden igual”, relató tras insistir que en casi dos años no hicieron arreglos en la escuela.
Agregó que las maestras de sus hijas le explicaron que no es obligatorio asistir a clases presenciales, pero en ese caso deben firman un acta “comprometiéndose” a llevar las tareas y asignaciones para su revisión y evaluación.
La realidad es diferente para un pequeño sector de la población con posibilidades de acceder a colegios privados que ofrecen mayores garantías, como explica una empresaria y madre de un niño de 3 años matriculado en un colegio del este de Caracas cuyo costo supera los 200 dólares mensuales.
“El ministerio debería dejar de dar un mandato absoluto y evaluar cada caso de manera distinta, (así) cada colegio tendrá mayor o menor facilidad para implementar las medidas. Particularmente el colegio de mi hijo está capacitado para recibir al 100% del alumnado y lo voy a llevar todas las veces que sea posible, estamos trabajando de la mano con el colegio”, dice.
La empresaria considera que las autoridades han actuado “improvisando” y reitera que es necesario el regreso a clases porque “esperar que se acabe el COVID no es una opción”.
“Hay estudios de la Unicef que apuntan a que mientras se respeten las medidas de seguridad no hay mayores riesgos en las instituciones educativas”, explica.
Maduro llamó a la comunidad estudiantil a mantener las medidas de seguridad y anunció que desde este lunes comenzarán a vacunar a niños mayores a 12 años en “todos los liceos”.
De acuerdo con Maduro, el 56% de la población ha sido vacunada y el 84% del personal educativo del país ya ha sido inmunizado contra el COVID-19.
“Di la orden a la Comisión Presidencial para ampliar los centros de vacunación y lograr la meta del 70% a finales de octubre. Mientras más vacunados, más normalidad y tranquilidad tendremos”, escribió en Twitter el domingo por la noche.
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