Siete trabajadores de la refinería Cardón de la petrolera venezolana PDVSA que fueron detenidos por funcionarios de contrainteligencia militar por una falla de un equipo vital en la producción de gasolina podrían enfrentar cargos de terrorismo, dijeron ocho fuentes familiarizadas con el asunto.
Las detenciones ocurrieron la semana pasada, después de que los trabajadores intentaron reiniciar el reformador, con capacidad de 45.000 barriles por día (bpd), que es alimentado con nafta para producir componentes de alto octanaje utilizados en la preparación de mezclas de gasolina. El daño ocurrió en el compresor que sirve a esa planta, dijeron las fuentes.
"Están aplicando la receta que aplican a todos. Terrorismo y sabotaje, por lo del compresor del reformador. Hubo un error entre mantenimiento y operaciones y les toca enfrentar todo esto", dijo el lunes un trabajador del Centro de Refinación Paraguaná (CRP), integrado por las refinerías Cardón y la vecina Amuay, ubicadas en el estado Falcón, en el noroeste del país.
El trabajador, que solicitó no ser identificado por temor a represalias, agregó que en las refinerías la presión es mayor para que logren reiniciar los equipos debido a la escasez de combustible en el país.
"El problema es que el procedimiento, que se lleva a cabo con estos trabajadores, no es el correcto", agregó.
Harold Guerrero, abogado y miembro del no gubernamental Observatorio Nacional de Derechos Humanos en Falcón, dijo que los trabajadores fueron llevados a Caracas para ser presentados en un tribunal contra el terrorismo.
PDVSA no respondió de inmediato a un pedido de comentarios sobre el caso.
"Empezamos a preguntar hasta que nos dijeron que estaba en la DGCIM (Dirección de Contrainteligencia Militar). Fui y me dijeron que no me podían dar información", dijo a Reuters Merlin Amaya, hija de Wilmer Amaya, uno de los detenidos.
Las largas filas para abastecer gasolina persisten en el país, incluyendo Caracas, debido al deterioro del circuito refinador -que tenía una capacidad de procesar 1,3 millones de bpd- debido a años sin recibir inversiones, mala gestión y las sanciones de Estados Unidos que limitan su mantenimiento.
El CRP, el más grande del país, posee una capacidad de procesamiento de 955.000 bpd.
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