Como un "paso en la dirección correcta” o un “avance en la búsqueda de la justicia” fue calificado el informe de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela publicado este miércoles en el que se determina que las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos aliados han cometido violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Desde su conformación el año pasado, el gobierno en disputa de la nación suramericana rechazó la misión por considerar que se dio como resultado del “vergonzoso uso político” del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por parte de un grupo de países.
Este mismo miércoles el canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró en su cuenta de Twitter que el informe está "plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno" e ilustra "la práctica perversa de hacer política con los DDHH y no política de DDHH".
Sin embargo, para el presidente interino del país, Juan Guaidó, los resultados de este informe y su publicación son “un gran avance y mueve el tablero a favor de nuestra lucha por la libertad y justicia para las víctimas”, publicó en su cuenta de Twitter.
Para el diputado Miguel Pizarro, comisionado para las Naciones Unidas del gobierno interino de Venezuela, este “no es un informe más dentro del sistema de multilaterales y del sistema de DD.HH de las Naciones Unidas”.
En declaraciones a la prensa después de la publicación del informe, de más de 400 páginas, el parlamentario en el exilio explicó que se trata de la primera aproximación a determinar responsabilidades, cadenas de mando y niveles de participación.
“Que en un informe de Naciones Unidas por primera vez se utilice concepto de crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad como parte de una política de Estado es un cambio cualitativo fundamental”, apuntó.
![El panel de investigadores de la ONU determinó que oficiales del ejército, la policía y los servicios de inteligencia habían cometido ejecuciones extrajudiciales. [Archivo]](https://gdb.voanews.com/a4d0324e-db40-4f70-a7db-8e9d04de6338_w100_r1.jpg)
Igualmente resaltó que el informe hace un llamado a los países miembro del organismo a que inicien acciones legales e investigaciones penales contra los que están señalados.
El comisionado apuntó que la investigación “deja muy claro, no solamente que hay un patrón de conducta dentro de los organismos de seguridad, sino que también deja muy clara la vinculación de personas como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el ministro (Néstor) Reverol, el general Padrino López y esa cadena de mando hacia abajo como los que deciden, ejecutan, promueven o -teniendo conocimiento de las violaciones, los abusos, las violaciones y las torturas- no hacen nada para evitarlo”.
“Esto quiere decir que se determina la responsabilidad individual por acción, por omisión y por complicidad”, agregó.
El informe, desde su punto de vista, es un "paso en la dirección correcta en el largo camino para que las víctimas puedan obtener justicia. Este informe de hoy es producto de la valentía de muchas víctimas que en primer plano, que arriesgándose, que estando a merced todavía de la dictadura de Nicolás Maduro, tuvieron la valentía de hablar”.
“Hoy el sufrimiento es menos anónimo y menos huérfano que antes”, señaló.
Consultada por VOA Noticias, Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), aseguró que se trataba de un “mensaje muy poderoso” no solo para Venezuela, sino para el mundo entero, en términos de justicia.
Borges indicó que el poder establecer que se cometieron estos crímenes de conformidad a las políticas de Estado “ante un organismo de esa naturaleza, contribuye no solamente a la investigación y a la justicia. Es un mensaje muy poderoso a quienes han violado derechos humanos que estos crímenes no van a quedar en impunidad”.
Explicó que abogan por la renovación del mandato que permitió el trabajo de la misión de determinación de hechos y que se amplíe sus capacidades de investigación en temas como violencia de género y violencia sexual.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Provea, concuerda al señalar que se trata de un “avance en la búsqueda de justicia”. Al igual que Pizarro, señala que el informe corrobora la existencia de una política estatal, sistemática, para violar derechos humanos.
“Sabíamos que la contundencia de las afirmaciones debido a la experticia técnica y el alto profesionalismo de sus integrantes iba generar no solamente una fotografía muy detallada sobre la gravedad de las violaciones de DD.HH. y los delitos de lesa humanidad, sino que también iba a comenzar a señalar responsabilidades en la cadena de mando”, comentó Uzcátegui.
Sostuvo, además, que “ya no hay excusa a nivel internacional de que no se cuenta con información fiable, confiable, sobre los que ha ocurrido en Venezuela en materia de DD.HH.”
El defensor afirmó que las organizaciones y la sociedad civil siguen comprometidos a presionar y estimular para que los mecanismo internacionales que sigan actuando sobre la situación del país. “Venezuela no está sola, Venezuela sigue estando acompañada de la comunidad internacional y de los mecanismos internacionales de protección que van a seguir actuando”.
Este 23 de septiembre se llevará a cabo un diálogo interactivo entre los expertos y los Estados miembro del Consejo de DD.HH. para discutir el informe de la Misión de Determinación de Hechos.
Además, falta una actualización más del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la votación sobre la resolución que renueva los mandatos que han permitido estos informes.
*Con información de Luisana Solano y Adriana Nuñez Rabascall, desde Caracas.
