La ONG Provea reveló este martes que al menos 2.853 personas fallecieron a manos de policías y militares en Venezuela durante el 2020.
El monitoreo es parte del proyecto de registro y memoria “Lupa por la vida” del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro de Investigación Gumilla.
El reporte destaca que la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años de edad.
“En un país que ha perdido el bono demográfico este patrón de ejecuciones profundiza la emergencia humanitaria compleja que vive el país”, afirman.
El informe registra dos grandes grupos entre las víctimas. Uno de fallecidos por problemas personales o en el ámbito de la vida privada con funcionarios, y otros por el despliegue de operativos.
Aseguran que en los pocos casos que se investigan, las instituciones “actúan con discriminación”. Ponen como ejemplo dos casos en los que víctimas estaban “vinculadas al proyecto político oficial” y hubo celeridad.
En todo el 2020, el fronterizo estado Zulia fue el que registró más fallecidos (667), indica el informe. Y fue mayo, ya en cuarentena por la pandemia, el mes con mayor letalidad (379).
La Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente a través de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), es el cuerpo policial con más casos, 672 asesinatos o el 23,55% del total.
Sin embargo, las policías estatales fueron responsables de 721 presuntas ejecuciones, equivalente a 25,7% apunta la investigación.
“Urge detener la masacre por goteo que se realiza a diario en Venezuela, e investigar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de abusos contra los derechos humanos en el contexto de operativos policiales y/o militares”, pide el informe.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló el año pasado su preocupación por “los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultados de operativos de seguridad”.
Durante su presentación del balance del período 2017-2020, el Fiscal General Tarek William Saab indicó que fueron imputamos 677 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas “violaciones a los derechos humanos” y, aprehendidos por estos delitos, 519 funcionarios.
