Desde la semana pasada en varios estados de Venezuela se han registrado protestas de ciudadanos que, entre otras cosas, denuncian la escasez de gasolina, gas doméstico, fallas en los servicios de electricidad y agua, así como el alto costo de la vida.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictos, entre el viernes y el sábado pasados, principalmente en pueblos pequeños, fueron documentadas 81 protestas, y el lunes hasta la tarde se contabilizaban al menos 76 manifestaciones.
Organizaciones de derechos fundamentales, como Provea y Foro Penal, denunciaron que las protestas han sido reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares, continuando así el “patrón represivo de usar a grupos armados civiles para reprimir la protesta social”.
Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz del Parlamento, condenó lo que definió como “aberraciones” cometidas en las últimas horas y sostuvo que los hechos ratifican los informes que sobre derechos humanos divulgados por la ONU.
También adelantó que presentarán las denuncias ante instancias internacionales.
“Además, evidentemente, estamos en el proceso de obtener las autorizaciones de las víctimas, porque los organismos internacionales son bastante precios con el tema formal y hay que cumplirlo”, explicó Solórzano.
En tanto, el diputado Freddy Valera denunció que durante la represión los cuerpos de seguridad han hecho uso de armas de fuego en algunas zonas del país.
“Lo cual obviamente no es permisible, es decir está prohibido desde el punto de vista constitucional el uso de armas de fuego”.
Por la parte oficialista, el fiscal del gobierno en disputa, Tarek Saab, alegó que se ha pretendido utilizar el tema de derechos humanos para buscar una intervención militar en Venezuela.
