La justicia venezolana acusó de terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra al periodista y dirigente del partido opositor Voluntad Popular, Roland Carreño, y lo responsabilizó de financiar la fuga desde su país hasta España del político Leopoldo López.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó este jueves mediante una nota oficial que a Carreño se le decretó “privación judicial preventiva de libertad” por la presunta comisión de los delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra.
La audiencia ocurrió en un tribunal de Caracas que tiene competencia en casos vinculados a “delitos asociados al terrorismo”, indicó la institución.
El TSJ detalló que agentes de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron “en flagrancia” al comunicador y militante de Voluntad Popular. Tenía consigo un “fusil desarmado modelo AM-15, calibre 5.56, con 17 municiones", precisó.
El comunicado judicial afirma que Carreño sería “operador financiero” de planes "conspirativos y terroristas en contra del Ejecutivo Nacional” de Nicolás Maduro.
“Es el encargado de realizar los pagos de logística de grupos terroristas que intentan desestabilizar el orden interno y suspender las elecciones parlamentarias próximas a realizarse”, continúa la nota.
Para el tribunal, gerenciado mayoritariamente por magistrados con posturas cercanas al madurismo, Carreño “utiliza la fachada de organizaciones gubernamentales” para financiar la logística de la Operación Gedeón, una insurrección fallida en contra de Maduro en la que participaron agentes privados extranjeros y militares venezolanos.
El TSJ también se hizo eco de la hipótesis de que Carreño habría coordinado “el financiamiento de la logística empleada en el plan de fuga” de Leopoldo López.
"Se repite la historia"
Los abogados y familiares del periodista detenido tenían previsto realizar una conferencia virtual de prensa al mediodía de este jueves, pero informaron que “fallas técnicas” impidieron transmitir su mensaje.
Joel García, representante legal de Carreño, acusó a la Fiscalía de “repetir la historia” de Roberto Marrero, ex jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó, quien fue liberado en agosto por orden del poder ejecutivo de Maduro tras haber estado detenido durante un año por cargos similares a los de Carreño.
“Parece que al expediente que le sembraron a Roberto Marrero le cambiaron nada más el nombre del imputado. Se repite la historia”, escribió en Twitter.
García denunció que Carreño nunca estuvo asistido por sus defensores durante la audiencia de presentación y admisión de cargos en su contra.
La detención de Carreño ha generado polémica tanto dentro como fuera de Venezuela. Gremios de la prensa local la calificaron de “desaparición forzosa”, mientras el gobierno interino de Juan Guaidó la atribuyó a las “prácticas criminales de la dictadura” de Nicolás Maduro.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó el caso como de “extrema gravedad” y exigió, además, que el madurismo diera “información completa” sobre el paradero y el estado de salud de Carreño.
El gobierno de Estados Unidos alzó la voz ante el arresto. Su subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, tuiteó que es el “último intento de Maduro de detener arbitrariamente a ciudadanos para silenciarlos e infundir miedo. ”.
En Twitter, Kozak consideró que Maduro debe rendir cuentas por sus acciones y opinó que el caso de Carreño es un ejemplo de por qué no puede haber elecciones justas y libres en Venezuela con el chavismo en el poder.
