Muchos de los 4.6 millones de refugiados y migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe enfrentan múltiples riesgos debido al COVID-19, el crimen y la trata de personas, el empobrecimiento y otras amenazas.
La agencia de refugiados de la ONU dice que los venezolanos en mayor riesgo son aquellos que huyen de las condiciones cada vez más desesperadas en su país. Las evaluaciones de campo indican que aproximadamente de 500 a 700 personas salen de Venezuela todos los días.
Babar Baloch, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dice que las fronteras en la región permanecen cerradas, lo que obliga a los refugiados a utilizar rutas donde están amenazados por grupos armados, contrabandistas y traficantes.
“Esto los expone a un mayor riesgo de violencia, explotación y trata… habiendo enfrentado robos, extorsión, violencia y abuso en las zonas de tránsito y fronterizas, durante su viaje hacia la seguridad… A medida que las condiciones dentro de Venezuela continúan deteriorándose, muchos llegan a Colombia débiles y en mal estado de nutrición, habiendo enfrentado el empobrecimiento y las dificultades durante muchos meses”, indica Baloch.
La Organización Internacional para las Migraciones dice que COVID-19 ha golpeado particularmente a los refugiados y migrantes venezolanos en la región. La portavoz de la OIM, Angela Wells, señala que el impacto económico y social de la pandemia ha sido devastador tanto para los venezolanos como para los 17 países donde se encuentran ahora.
“Las presiones por las restricciones de movilidad de COVID-19 y el consiguiente declive socioeconómico se han visto agravadas por las dificultades que enfrentan para regularizar su situación en los países de acogida y las menores oportunidades de seguir rutas migratorias regulares. La disminución de las oportunidades económicas ha puesto a los refugiados y migrantes en mayor riesgo de desalojo y hambre, mientras que la xenofobia y la discriminación hacia esta población han ido en aumento”, dice la vocera de la OIM.
Bajo el llamado proceso de Quito, que trabaja para ayudar y proteger a los refugiados y migrantes venezolanos, los países de América Latina y el Caribe coordinan esfuerzos para permitirles llegar a los países de asilo de manera más segura.
