Expertos creen que el tema de la migración venezolana constituye una crisis para toda la región, no solo para los países vecinos, y ante ello es necesario comenzar a buscar soluciones a largo plazo que protejan a los refugiados venezolanos, ya que de lo contrario la situación empeorará y se verá exacerbada por la pandemia del COVID-19.
Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), discutió con un panel de expertos sobre cómo la pandemia empeoró la crisis migratoria venezolana, ya que las medidas para evitar los contagios, en los países de destino o acogida, aumentaron las dificultades que enfrentan los migrantes y refugiados, por lo tanto, también los desafíos de atención, protección e integración de esta población.
Diego Beltrand, enviado Especial del director General de la OIM para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela, dijo que a la fecha hay “más de 4.5 millones” de venezolanos en 17 países de América Latina, éstos han huido para acceder a los bienes y servicios más básicos y la gran mayoría se ha encontrado con explotación laboral, siendo víctimas de trata de personas, falta de vivienda, xenofobia y sin acceso a los servicios que buscaba, etc.
Lo anterior solo logra aumentar su situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, opina Tamara Taraciuk Broner, directora adjunta interina para las Américas, Human Rights Watch (HRW).
Broner también agregó que es necesario que “más acciones de respaldo humanitario” y mecanismos de protección surjan en los países de destino y la comunidad internacional.
Mencionó que la acción del Gobierno de Colombia de brindar un Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos (EPTV) para regularizar a gran parte de esos migrantes es un primer paso, pero no debe ser el definitivo y lamentó que otros países vayan en la dirección contraria.
Pese a la implementación del EPTV, Broner afirmó que “los desafíos siguen ahí”, ya que el próximo escalón es cambiar “la naturaleza temporal de estas opciones de regularización”, ya que la estabilidad de los migrantes podría cambiar con un cambio de Gobierno.
“La preocupación es si estas medidas pueden cambiarse una vez que cambie el gobierno”, puntualizó.
Betilde Muñoz-Pogossian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos (OEA), también hizo énfasis en que un estatus de protección temporal es solo eso, no resuelve la crisis que viven los venezolanos.
Muñoz-Pogossian, recalcó la posición del organismo que representa que, es necesario que toda la región una esfuerzos para reforzar y facilitar “mecanismos de protección para una población que huye por razones humanitarias".
Beneficios
En cuanto a los beneficios de una regularización de los inmigrantes venezolanos los panelistas coincidieron en que se podría evitar los abusos por parte de los empleadores, retención de salario, acoso sexual y en el caso particular de los niños el acceso a la educación.
“La regularización ayudará a recaudar fondos y apalancar el apoyo del sector privado y crear coaliciones dentro de los países para apoyar a los niños que acceden a la educación. así como muchos otros derechos”. Aseveró la directora adjunta de HRW.
