La resolución sobre las elecciones parlamentarias de diciembre en Venezuela, aprobada el miércoles 21 de octubre por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es un preludio del desconocimiento formal de tales votaciones, según analistas.
La Asamblea General de la OEA condenó “en los más enérgicos términos, las acciones del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que socavan el sistema democrático y la separación de los poderes”.
Los países miembro consideraron que ese proceder “compromete de manera clara las condiciones mínimas para garantizar la celebración de procesos electorales democráticos, de acuerdo con los estándares internacionales”.
La Asamblea General advirtió que el reconocimiento de las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela dependerá de si existen “condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia”.
Esas garantías electorales pasan por “la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos, con plazos razonables para su celebración y que cuenten con observación electoral internacional independiente y creíble”, según la OEA.
La resolución permite prever que la posición de una mayoría de países de la región será desconocer las elecciones parlamentarias dado que no están presentes las condiciones mínimas para que sean democráticas, opina el abogado Mariano De Alba, experto en derecho y relaciones internacionales.
“La manera en que está redactada la resolución, condicionando el reconocimiento a esas mínimas condiciones, es usual en el campo diplomático, donde la preferencia es no adelantarse a los acontecimientos y simplemente aclarar que las condiciones no están dadas”, explica a la Voz de América.
De Alba afirma que el desconocimiento y las posibles medidas a adoptar se revelarán después de celebradas las elecciones, si bien admite que algunos países pudieran adelantar una postura de ese matiz para ejercer “mayor presión” sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
“La realidad es que, en este momento, los países no tienen claro qué harán más allá de no reconocer los resultados de ese proceso”, advierte, sin embargo.
La asamblea de la OEA aprobó la resolución sobre Venezuela con 21 votos a favor, cuatro en contra y nueve abstenciones.
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Paraguay, Haití, Perú, Uruguay y Venezuela -representada por el embajador designado por el Parlamento- la copatrocinaron.
Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa, calificó la resolución como resolución "decadente e injerencista contra Venezuela".
"Todo un disco rayado del fracaso. ¡Dan vergüenza!", indicó en su cuenta de Twitter, agregando que le país vive las consecuencias de "las sanciones".
Buen entendedor, pocas palabras
Diana Romero, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, experta en derecho internacional, subraya el exhorto que hace la resolución al secretario general, Luis Almagro, para que coordine con otros organismos internacionales las acciones y recomendaciones futuras.
“Se deja deslizar que están solicitando las iniciativas para una intervención internacional sobre Venezuela. A buen entendedor, pocas palabras. Dice la OEA a su secretario, "tenga la diligencia, nuestra aprobación, para que entre en contacto desde otro ángulo’ sobre Venezuela”, evalúa, en entrevista con la VOA.
Romero considera que esa postura refrendada este miércoles en la OEA guarda relación con una de las preguntas que la oposición venezolana incluirá en la consulta popular que realizará antes de las elecciones de diciembre.
Examina la resolución, además, como un reconocimiento explícito al Parlamento “hasta que no haya un procedimiento de elecciones libres”.
La oposición venezolana se encuentra en una encrucijada: ha decidido no participar en las elecciones, pero se enfrentaría, luego del 5 de enero, a la instalación de un nuevo Parlamento madurista, que ya llaman “fraudulento”.
La resolución sobre Venezuela también se refiere a temas varios, como la crisis humanitaria, la “protección” a la Asamblea Nacional, el exhorto a realizar elecciones presidenciales, y la condena a violaciones de derechos humanos.
Para De Alba, esto significa un abordaje “superficial” que tiene explicaciones diversas. “Primero, la crisis venezolana tiene muchas aristas que son igual de relevantes para la comunidad internacional”, analiza.
El abogado entiende que la resolución de la OEA es “básicamente un documento que busca establecer formalmente la posición de una mayoría de países” y acota que su fortaleza dependerá de las medidas concretas que prevé.
A su juicio, las propuestas prácticas son dos: solicitar al secretario general informes periódicos sobre Venezuela; y, luego, que coordine con otras organizaciones internacionales la definición de recomendaciones y acciones “para ayudar a los venezolanos a que regrese la democracia al país”.
De Alba interpreta que el contenido de la resolución de la OEA no puede generar expectativas de cambio político en Venezuela.
“Quizás su mayor acierto es reconocer indirectamente que la mayoría de los países de la OEA se han quedado sin ideas sobre cómo responder a la crisis venezolana y en consecuencia solicitan la asistencia del secretario general para que presente recomendaciones”, concluye.
