La defensa del politólogo disidente del chavismo y director del sitio web de noticias Punto de Corte, Nicmer Evans, ratificó que apelarán la decisión del tribunal de prisión preventiva en su contra.
“El siguiente paso es preparar la apelación (…) de la privativa de libertad. Ya estamos en eso. Y consignarla, eventualmente, ante la corte de apelaciones correspondiente”, indicó a la Voz de América Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente ONG Foro Penal y coordinador del equipo de la defensa legal de Evans.
La decisión contra el politólogo se dio el pasado viernes 17 de julio, días después de que fuese detenido en horas de la noche por agentes policiales.
Himiob comentó que la esposa y los abogados de Evans pudieron verlo el día de la audiencia, y que en términos generales “estaba bastante bien”. “Nos indicó es que estaba claro que se trataba de una persecución por motivos políticos, y cómo tal la estaba asumiendo”, apuntó.
Evans es acusado por incitación al odio, delito estipulado en la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia y que es penado con entre 10 y 20 años de cárcel.
El abogado señaló que entre los principales “vicios” de la imputación está en que se basan en una norma, la Ley contra el Odio, que como tal es “ilegítima”. “Es una normal penal promulgada por un organismo público que no tiene competencias para legislar en materia penal, que es la Asamblea Nacional Constituyente”, señaló.
Agregó Himiob, que la imputación es imprecisa, “y eso hace que se incurra en la indefensión”.
El abogado explicó que hasta el momento no se ha especificado, de forma clara, cuál es el hecho que supuestamente deriva en la incitación al odio que se están atribuyendo al politólogo. Esto, agregó, dificulta la defensa porque no se sabe de qué hechos se tienen que defender
Otros abogados consultados por la VOA también señalaron no es competencia de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente dictar esta ley, vigente desde 2017, y que en efecto ha sido usada en contra de la disidencia del gobierno en disputa.
En su texto, la ley declara al país como un “territorio de paz, contrario a la guerra y la violencia en todas sus formas”.
