Nuevos patrones de represión y centros clandestinos de tortura, así como la “responsabilidad del régimen cubano en la inducción y comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, fueron denunciados en el Informe Anual del Instituto CASLA sobre crímenes de lesa humanidad ejecutados por el gobierno en disputa venezolano.
Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA, resaltó que su organización envió a la Corte Penal Internacional (CPI), 25 nuevas incidencias registradas entre 2014 y 2020, en las que al menos 141 personas fueron víctimas de “detención arbitraria, tortura, desaparición forzada temporal y violación o alguna forma de violencia sexual”.
“En los casos presentados individualizados 57 eran hombres y 15 mujeres, 38 civiles y 34 militares. En 14 de las 25 incidencias estuvo presente el crimen de la violación o alguna otra violencia sexual”, detalló durante la presentación del informe acogido por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Suju hizo referencia a testimonios de victimas que describieron cómo en los centros en los que estaban detenidos, entre otras cosas, fueron “alimentados con vidrios molidos dentro de la comida”.
“Fueron colgados de una polea o una columna horizontal esposados para asfixiarlos y hacerle descargas eléctricas (…) 55 personas fueron asfixiadas con bolsas plásticas llenas de gases tóxicos, 28 personas fueron asfixiadas con bolsas plásticas llenas de heces fecales (…) 36 personas fueron víctimas de distintos métodos de ahogamiento”, agregó al relatar diversos métodos de tortura.
Presencia cubana
La defensora de derechos fundamentales resaltó que el Instituto CASLA presentó ante la CPI tres incidencias donde al menos 20 personas (civiles y militares) “fueron torturadas por oficiales cubanos”.
“Unos fueron torturados en las instalaciones de fuerte Tiuna donde los oficiales cubanos portan uniformes militares venezolanos y otros en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) donde los cubanos tienen una oficina permanente de asesoría en el piso 2”, dijo la abogada.
Suju sostuvo que oficiales de la Fuerzas Armada Nacional (FAN) y funcionarios públicos son formados en Cuba, en una escuela de contrainteligencia ubicada en La Habana, “o formados por funcionarios y militares cubanos en Venezuela para aplicar técnicas de adoctrinamiento y control social”.
Nuevos patrones
En el 2020 el Instituto CASLA observó nuevos patrones de tortura, entre ellos “tortura sonora, golpes en las plantas de los pies con varas de metal, ahogamiento simulado, simulación de traslado para desorientar, simulación de ejecución, presión en puntos dolorosos del rostro con objetos metálicos, y una celda hecha especialmente para usarla como castigo, en la que la estrechez busca inmovilizar a la víctima causándole asfixia o presión y desvanecimiento”.
“Congelamiento, este año documentamos este método de tortura que busca causarle hipotermia a la víctima, al menos una persona fue acostada en panelas de hielo, varios fueron bañados con agua helada mientras permanecían desnudos en cuartos fríos y a todos les aplicaron descargas eléctricas”, enfatizó.
Suju resaltó que los métodos de tortura produjeron a los detenidos insomnio, ansiedad, llanto y crisis nerviosa, entre otras consecuencias.
Consultada por la Voz de América sobre los tiempos en los que podrían verse acciones concretas relacionadas con la instauración de justicia y un mensaje a los venezolanos, Suju insistió en que “es necesario seguir denunciando porque la documentación es gracias a las víctimas que se atreven a contar” y pidió no perder “la esperanza”.
También resaltó que “una dictadura no se somete a decisiones de organizaciones internacionales, nuestra recomendación va dirigida a los estados democráticos del mundo para que no cesen en la ayuda al pueblo de Venezuela, la salida del régimen que los oprime es la única solución”, sentenció.
Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro dijo que la documentación es esencial para “algún día terminar con la impunidad que tienen los dictadores”.
“Que haya justicia hoy puede implicar que salvemos vidas, que detengamos torturas, que rescatemos víctimas, ese es el tema de que haya justicia hoy respecto a la dictadura venezolana”, expresó el funcionarion, tras lamentar que la justicia relacionada con crímenes de lesa humanidad “demora mucho”.
“Las acciones concretas tienen que ser internacionales (…) es tiempo que la CPI actúe, investigue, abra esta investigación”, aseguró.
Por su parte, Dita Charanzova, vicepresidente del Parlamento Europeo, alertó que Maduro “está acercándose cada vez mas al poder absoluto a través de medios ilegales y antidemocráticos”.
“Temo que en las circunstancias actuales los abusos del régimen contra las fuerzas democráticas van a aumentar aún más, es un momento clave para el futuro de Venezuela y la comunidad internacional debe de responder de una forma clara y firme”, insistió Charanzova.
“Tenemos que ampliar las sanciones selectivas, hasta ahora no han sido suficientes para presionar al régimen y es fundamental que sigamos apoyando las denuncias en la CPI de los crímenes de lesa humanidad y tortura sistemática cometidos por el régimen”, agregó la funcionaria.
En varias ocasiones representantes del gobierno en disputa han asegurado estar comprometidos con la promoción de la paz y el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos.
“Tenemos un mandato de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela que nos da el título 3 de nuestra Constitución, trabajar en Venezuela, en el terreno ante el sistema de justicia cualquier acción que atente en contra de los derechos humanos de los venezolanos y buscar su ejemplar sanción y eficaz sanción”, afirmó recientemente el fiscal del gobierno en disputa Tarek William Saab.
