La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró que el Estado venezolano es responsable de la ejecución extrajudicial de dos hombres, motivada por discriminación por edad y condición económica, en un caso que data del 2003.
Se trata de Jimmy Guerrero y su tío Ramón Molina, quienes fueron asesinados a manos de agentes de la policía en el estado de Falcón, en el noroeste del país, en marzo de 2003.
La sentencia de la Corte, con sede en Costa Rica, explica que Guerrero fue víctima de “hostigamiento, detenciones ilegales y arbitrarias y actos de tortura”, y así lo había denunciado ante entidades estatales en varias ocasiones y la prensa.
En un comunicado publicado este lunes 19 de julio el organismo explica que los actos contra el joven de entonces 26 años, estuvieron motivados por “preconceptos de los funcionarios policiales, consistentes en la atribución de una supuesta peligrosidad a un hombre joven en situación de pobreza”.
Además de violar derechos como a la vida o a la libertad personal, la CorteIDH señaló que el "Estado incumplió con sus obligaciones derivadas de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial” por la falta de investigación de los hechos cometidos contra Guerrero antes de su muerte y las pesquisas de los hechos que llevaron a su fallecimiento y al de su familiar.
“Luego de más de 14 años no arribaron a la determinación de las responsabilidades correspondientes”, lamentó la CorteIDH.
Entre las reparaciones ordenadas por la Corte, está la realización de investigaciones y procesos penales correspondientes con el fin “de individualizar, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a las personas responsables de las muertes de Jimmy Guerrero y Ramón Molina”.
Liliana Ortega, cofundadora de la ONG venezolana defensora de los derechos humanos COFAVIC y quien estuvo al frente del litigio, aseguró que la decisión “marca un precedente que da luces no solo sobre el pasado reciente de Venezuela, sino sobre lo que viene sucediendo en el país”.
En un comunicado de la organización, Ortega apunta que la sentencia “evidencia el prejuicio permanente y sistemático presente cuando las fuerzas policiales arremeten contra los jóvenes de sectores populares”.
En su informe anual presentado a inicios de mes, la ONG Provea reportó 2.853 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela en 2020.
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